Comisión Permanente designó a congresista que sustentará denuncia contra Daniel Salaverry ante el pleno

La Comisión Permanente del Congreso designó en su sesión de este viernes 14 de enero a los legisladores encargados de sustentar diversas acusaciones constitucionales ante el pleno del Congreso, incluyendo el caso contra Daniel Salaverry, designado recientemente como presidente del directorio de Perupetro.

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Por 28 votos a favor, se decidió nombrar a la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) Rosío Torres, quien también preside la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como la encargada de sustentar el informe contra Salaverry en su condición de exparlamentario.

La denuncia recomienda acusarlo por antejuicio político por presunta comisión de los delitos de peculado doloso, falsedad ideológica y falsedad genérica por la inclusión de información falsa en informes de sus semanas de representación.

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La misma congresista será la encargada de sustentar los informes finales sobre las denuncias contra los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Guido Aguila, Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez.

La titular de la subocomisión también sustentará la denuncia contra el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry (por vulnerar oficinas lacradas por José Domingo Pérez), el excongresista y excontralor Edgar Alarcón y el exjuez supremo César Hinostroza, así como el exfiscal supremo Tomás Gálvez.

Caso Martín Vizcarra

En otro momento, la Comisión Permanente decidió aprobar con 28 votos a favor que la congresista María Taipe, de Perú Libre, sea la encargada de sustentar el informe final de la denuncia 136 contra el expresidente Martín Vizcarra como exministro de Transportes y Comunicaciones.

La conclusión del informe plantea que el exmandatario cometió infracción constitucional por haber intervenido en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas cuando fue ministro.

Como no hay elementos para demostrar que Martín Vizcarra realizó actos a favor de la empresa Obrainsa, se plantea una inhabilitación para el ejercicio de la función pública por el plazo de cinco años.

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