Con tres inhabilitaciones para ejercer cargos públicos, impuestas por el Congreso, el expresidente Martín Vizcarra presentó una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para suspender sus restricciones. No es la primera vez que recurre al sistema interamericano. Semanas atrás, presentó una acción de amparo.

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El exmandatario fue inhabilitado 10 años por el caso Vacunagate, 5 años por el caso MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) y 10 años por la disolución del Congreso en 2019.

En los dos primeros casos, el Tribunal Constitucional (TC), máxima instancia, rechazó dos demandas de amparo, respectivamente. Sobre el tercer caso no se tiene mayor novedad.

Según explica el constitucionalista Víctor García Toma, para que la entidad supranacional adopte una decisión, “se requiere, necesariamente, acreditar que se haya agotado la jurisdicción interna”. Dicha situación no ha ocurrido.

“El caso más cercano a este, y creo que se ha tratado de confundir a la Corte-IDH, es el relacionado a Gustavo Petro (Colombia). Cuando fue alcalde de Bogotá, se le inhabilitó mediante una resolución administrativa. La resolución del señor Vizcarra es político-jurídica. Además, ya está avalada judicialmente por el TC”, indicó.

En ese sentido, consideró que si la institución, finalmente, “otorgase una cautelar, lo más probable es que no se efectivice”.

“En los últimos años, el sistema interamericano se ha usado como telón de fondo para encubrir o promover acciones ideológicas. Las tres inhabilitaciones de Vizcarra se sostienen por sí mismas, no hay infracción legal. Las demandas que presentó se declararon infundadas en el PJ y el TC. Entonces, se tiene que lo resuelto por el Congreso se ajusta al debido proceso”, aseveró.

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