Juan Monroy se presentó ante la Comisión "Lava Jato" del Congreso en el 2017. (David Huamaní)
Juan Monroy se presentó ante la Comisión "Lava Jato" del Congreso en el 2017. (David Huamaní)

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundado el recurso de casación interpuesto por el abogado Juan Monroy, a quien se investigó por elaborar un informe legal que dio luz verde, en el año 2005, a la adjudicación de la carretera Interoceánica Sur a constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht.

Con lo resuelto, por mayoría, el proceso contra Monroy, que incluso se ventiló en la Comisión “Lava Jato” del Congreso, fue archivado.

Tras el destape del caso “Lava Jato”, la adjudicación fue cuestionada por la celeridad con la que se emitió el informe en cuestión, en respuesta a una observación de la Contraloría respecto a la prohibición que empresas con juicio pendientes con el Estado tengan licitaciones.

Proinversión consultó al estudio del abogado Juan Monroy, el cual concluyó que la prohibición alcanzaba a empresas vinculadas a las participantes en el concurso, pero no a esas exactamente.

SENTENCIA. La casación N° 526-2022, de la cual fue ponente el juez supremo César San Martín, refiere que el investigado “se limitó a cumplir los requisitos de la prestación profesional que se le solicitó -que no estaba prohibida per se-, prestación profesional que, además, no estaba condicionada al previo pacto delictivo ni a lo que luego se haría con el informe legal que se emitió”.

El fallo cuenta con el respaldo de cuatro jueces de la Sala. No obstante, también hay un voto singular de la vocal suprema Norma Carbajal Chávez, quien considera que establecer si Monroy “habría actuado dentro de los límites de la adecuación social” requiere un ámbito de valoración probatorio posterior.

CRÍTICA. En diálogo con Correo, Víctor Andrés García Belaunde, excongresista y exmiembro de la comisión “Lava Jato” del Congreso, tildó de “nefasto” el fallo al indicar que la adjudicación -cuestionada por actos de corrupción- “se hizo gracias al informe” de Monroy.

Precisó que el impedimento al que hizo referencia la Contraloría estaba en las bases del concurso, por lo que criticó que el documento emitido por el abogado indicara que “la empresa no estaba impedida de hacerlo porque era otra y la diferencia era una letra”.

“Me parece un fallo nefasto que a lo que está dando visto bueno es que los abogados que trabajan para las empresas corruptas hagan triquiñuelas de esta naturaleza”, advirtió.

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