El legislador de Podemos Perú solicitó que el jefe del Gabinete informe ante la Comisión de Fiscalización los fundamentos legales del pronunciamiento del Consejo de Ministros a favor del hermano de la presidenta. (Foto: PCM)
El legislador de Podemos Perú solicitó que el jefe del Gabinete informe ante la Comisión de Fiscalización los fundamentos legales del pronunciamiento del Consejo de Ministros a favor del hermano de la presidenta. (Foto: PCM)

El congresista Juan Burgos (Podemos Perú) solicitó que el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acuda a la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar los fundamentos y la legalidad del comunicado emitido el pasado 27 de agosto por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en defensa de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

En un oficio dirigido al titular de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara (Acción Popular), Burgos recordó que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N° 29158) delimita claramente las funciones del Consejo de Ministros, sin contemplar la defensa política de ciudadanos investigados por el Ministerio Público. “Corresponde que el señor presidente del Consejo de Ministros explique (…) las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo”, señaló.

El pronunciamiento del Ejecutivo

El pasado 27 de agosto, el Consejo de Ministros en pleno rechazó el allanamiento fiscal al domicilio de Nicanor Boluarte. El comunicado, leído por Arana junto a 15 ministros desde Palacio de Gobierno, denunció un supuesto intento de “desestabilizar, politizar la justicia y usarla como arma de venganza política”.

El caso Nicanor Boluarte

El hermano de la mandataria es investigado por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, en el marco de la red “Los Waykis en la sombra”. Según la tesis fiscal, estaría vinculado a una presunta organización encabezada por el actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, señalado como “hombre clave” en el caso.

El último operativo del Ministerio Público incluyó el allanamiento de la vivienda de Boluarte Zegarra en Lima, aunque el Poder Judicial rechazó un pedido adicional para intervenir la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial que dirigía Santiváñez.

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