La congresista de la República, María Acuña Peralta, militante de Alianza Para el Progreso (APP), vuelve a estar en el centro de la polémica tras ser denunciada por invadir un espacio público en el distrito de Pimentel, en su ciudad natal de Chiclayo. Según una resolución del municipio distrital, Acuña habría cercado con estructuras de triplay una calle pública, interrumpiendo la continuidad de la vía denominada N, en la urbanización El Santuario.
Según el dominical de Cuarto Poder, la parlamentaria prácticamente bloqueó la calle entera N con la construcción de un cerco perimétrico. Además, habría invadido también parte del espacio de un centro educativo.
De acuerdo a una resolución, se resolvió imponer la sanción administrativa de demolición a la propiedad de María Acuña y su esposo por haber aprobado la construcción del cerco perimétrico del predio. También, no afectar la continuidad de la vía pública así como el derecho al libre tránsito de los ciudadanos.
Conforme a la resolución, la vía estaba obstruida por 150 metros cuadrados aproximadamente. Al respecto, Jessica Chevarría Morán, subgerente de Desarrollo Territorial de la Municipalidad Distrital de Pimentel (MDP), aseveró que se ha encontrado la obstrucción de vía por un cerco triplay en un lado frontal, pegado al colegio Ceibos.
Así también, según inspección de 8 de marzo de 2024, se comprobó la afectación de la calle N, por parte del predio, interrumpiendo la continuidad de la vía, por lo que correspondía liberar.
Sin embargo, esta disposición no se cumplió hasta la tarde del viernes 18 de julio, cuando una grúa demolía la invasión de la vía pública. Esta acción se habría ejecutado por la misma parlamentaria, tras conocer la difusión del reportaje periodístico de la invasión en Surco.
Incluso, el regidor del municipio distrital, Yeckle Sánchez, aseguró que María Acuña fue notificada en dos ocasiones, 2022 y 2023, pero no cumplió. Sumado a ello, el alcalde de Pimentel, Enrique Navarro Sousa, no habría actuado como debe y al ser militante de APP, no ejecutó la resolución de demolición.
Por su parte, la parlamentaria afirmó que esta situación está siendo tratada por la vía legal y negó que haya cometido nuevamente una invasión en su tierra natal.
“No es espacio público, lo que tengo es de mi propiedad. No soy congresista que invado las áreas públicas. Todo lo que es Chiclayo lo ve mi abogado. La urbanización tiene bastantes salidas y entradas que los vecinos lo protegen por seguridad”, argumentó.
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