Los integrantes del actual Congreso de la República no solo podrán presentarse a la reelección en los comicios generales de 2026, sino también podrán postular a otros cargos de elección popular -como gobernadores regionales o alcaldes-, sin renunciar a sus cargos, como sí deben hacerlo otros altos funcionarios públicos.
Estas ventajas de las que gozan los actuales “padres de la patria” son posibles gracias a dos leyes aprobadas por ellos mismos.
En el primer caso, gracias a la Ley N° 31988, publicada el 30 de marzo de 2024, la cual introduce reformas a la Constitución para restablecer la bicameralidad y la reelección parlamentaria.
En el segundo caso en virtud de la Ley N° 32058, del 14 de junio de 2024, que modifica las reglas electorales y abre las puertas para que los parlamentarios puedan postular sin solicitar licencia, si sus funciones concluyen el mismo año de las elecciones, es decir el 2026.
Según una revisión efectuada por Correo, existen por lo menos 13 leyes aprobadas por el Congreso, y luego promulgadas, que les otorgan ventajas en el campo electoral y otras áreas.
DESAPROBADOS. A pesar de que los sondeos más recientes muestran que los actuales legisladores integran uno de los Congresos más desprestigiados y con menor aprobación de los últimos tiempos, los parlamentarios en funciones buscan reelegirse en el 2026 como diputados o senadores o, de lo contrario, postular a otros cargos de elección popular.
La Ley 31988, Ley de Reforma Constitucional que Restablece la Bicameralidad en el Congreso de la República, establece las cámaras de diputados y senadores, y restablece la reelección parlamentaria.
Dicha norma dispone que para ser elegido senador se requiere ser peruano de nacimiento, haber cumplido 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado. Este último requisito beneficia directamente a los actuales “padres de la patria”.
Sin renunciar. Otra ley que beneficia a los integrantes del actual Parlamento es la Ley Nº 32058, del 14 de junio del 2024, que introduce varias modificaciones a la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas, a fin de “optimizar” las elecciones de 2026.
La norma permite a los legisladores postular sin pedir licencia si su mandato termina en 2026. De este modo, no renunciarían a sus sueldos y otros beneficios en tanto aspiran a otro cargo público.
Dicha ley habilita a los actuales parlamentarios a postular en el último año de su período congresal, es decir en el 2026, a diversos cargos en el Estado; la Presidencia de la República, gobernadores regionales, alcaldes provinciales o distritales.
También tenemos a la Ley Nº 31981, publicada el 18 de enero de 2024, que elimina las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), mecanismo que aún no se había practicado en el país, pero que buscaba mejorar la representatividad de los candidatos de las organizaciones políticas.
Asimismo, se encuentra la Ley 31504, del 30 de junio de 2022, que dispone la reducción de las multas a los candidatos que no presenten sus informes de gastos de campaña.
OTROS BENEFICIOS. De otro lado, los integrantes del presente legislativo también han aprobado leyes que benefician a los partidos políticos a los cuales pertenecen, en otros campos que no sea el electoral.
Entre ellas se encuentra la Ley 32108, del 9 de agosto de 2024, que excluye delitos que tengan sanción menor a seis años en procesos por organización criminal y obliga la presencia del acusado y su abogado en los allanamientos fiscales.
Este cambio cuestionado excluye la posibilidad de que 59 delitos no puedan ser investigados en el marco del delito de organización criminal, entre ellos estafa, colusión, negociación incompatible, peculado, tortura simple, tráfico de órganos y tejidos, entre otros.
La norma beneficiaría directamente a los partidos políticos de los actuales congresistas, ya que existen organizaciones que están siendo procesadas como “organización criminal”.
CONTRATACIONES. En esta danza de leyes que los benefician, los parlamentarios también han aprobado normas que favorecen a sus familiares.
La Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, publicada el 24 de junio de 2024 y que este mes entra en vigencia, permite a los familiares de los legisladores contratar con el Estado, lo cual estaba prohibido.
Otras normas que otorgan ventajas a los parlamentarios es la Ley Nº 32054, del 10 de junio de 2024, que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal.
Igualmente, la Ley N° 31990, del 21 de marzo de 2024, que modifica el proceso especial de colaboración eficaz, lo que, en la práctica, debilita esta herramienta para la lucha contra la corrupción.
Igualmente se encuentra la Ley Nº 31778, del 7 de junio de 2023, que le da al Congreso y al Poder Judicial la facultad de designar a su propio procurador público, quitándole esa función a la Procuraduría General del Estado.
“LEY SOTO”. ”Una ley con “nombre propio” y que benefició al propio presidente del Congreso cuando se dictó, es la Ley Nº 31751,del 25 de mayo de 2023,Llamada“Ley Soto”.
La norma estableció un plazo máximo de un año para la continuación de la suspensión de la prescripción de un delito, algo que terminó beneficiando al entonces titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.
Asimismo, está la Ley 31473, del 14 de mayo de 2022, que permite a los militares y policías en retiro que hoy se desempeñan como congresistas, percibir en simultáneo sus remuneraciones y pensión del Estado.
Del mismo modo, está la Ley 31399, del 30 de enero de 2022, que establece modificaciones y limita la ley del referéndum, y la Ley 31355, del 21 de octubre de 2021, que limita la cuestión de confianza que pueda plantear el Ejecutivo al Congreso.
PROPUESTAS. No obstante, en el Congreso también se impulsan algunos proyectos que beneficiarán a los propios congresistas.
Entre estas propuestas se encuentran la que modifica la ley de extinción de dominio, la llamada “Ley mordaza” contra los medios de comunicación y la que busca restituir la inmunidad parlamentaria.
OPINIÓN. En opinión del exoficial del Congreso, César Delgado, el problema central que tenemos en el Perú es que no tenemos representación parlamentaria idónea, por lo que la legislación tampoco es la más idónea.
“La legislación depende de la calidad de las personas, no depende de si misma y cuando no tienes las personas adecuadas vas a tener lo mismo que ya tenemos”, señaló a Correo.
Consideró que, por ejemplo, antes de implementar la bicameralidad, el paso previo debiera haber sido mejorar la representatividad en el sistema unicameral.
“Estamos rumbo al abismo, esa es la realidad porque no se cambia el problema central: no tenemos partidos políticos competentes para darnos una mejor representación. Allí está la madre del cordero y lo vengo diciendo desde hace tiempo”, dijo.
Sobre la reelección señaló que es el pueblo el que decide si alguien se reelige o no. “Si el pueblo no los quiere, el pueblo no va a votar por ellos”, indicó.
