Una “guerra” de comunicados se dio entre el Congreso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el telón de fondo del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El Parlamento emitió un comunicado donde considera a la intervención de la Corte IDH como una forma de intromisión extranjera en decisiones nacionales.
“Rechazamos cualquier forma de intromisión nacional o extranjera en nuestras decisiones”, reza el documento.
El Legislativo se autodescribe en el documento como “primer poder del Estado peruano” y por tanto “independiente en las decisiones que por mandato constitucional y legal le corresponden”.
Con respecto a la orden de la Corte IDH para que suspenda la tramitación del proyecto de ley en mención, el Congreso respondió a la entidad que “con total independencia y autonomía y en las oportunidades que lo crea conveniente, tramitará los proyectos de ley dictaminados por las comisiones correspondientes”.
SUSPENSIÓN.
Tras su aprobación en primera votación, la ONG Asociación Pro Derechos Humanos activó a los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos para tocar las puertas de la Corte.
El resultado fue una resolución de ese organismo que resolvió “requerir al Estado del Perú que, para garantizar el acceso a la justicia de la víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta suspenda inmediatamente el trámite del proyecto de ley”.
El Ejecutivo no ha informado si participará en la audiencia convocada por la Corte con los abogados de los casos La Cantuta y Barrios y la Comisión IDH. La audiencia es el 17 de junio próximo.
