A poco de celebrarse las elecciones generales de 2026, el Congreso de la República busca encarrilar un octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) bajo la excusa de que este permitirá mitigar el alza del costo de vida y la baja economía que padecen miles de familias en el país.
Los responsables de esta nueva ofensiva contra la reforma del sistema de pensiones pertenecen a las bancadas de Podemos Perú y Perú Libre que, en el último mes, formularon tres proyectos de ley con esta finalidad.
Ambos grupos han aprovechado la falta de la reglamentación de la Ley No. 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que prohíbe un nuevo retiro de fondos, y han buscado aliados para abrir la bóveda de cara a los comicios.
Paralelamente a ello, han introducido de contrabando una disposición que habilita nuevos retiros en caso de que en los próximos días el Gobierno reglamente dicha ley.
Es importante indicar que cada vez queda menos tiempo para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apruebe el reglamento de la ley, pues cuando se promulgó, el 24 de setiembre de 2024, se dio un plazo de 180 días hábiles para reglamentarla.
En ese sentido, el plazo para emitir la reglamentación vencería indefectiblemente el 6 de junio próximo.
TRASFONDO
El primero en presentar un proyecto relacionado al octavo retiro de las AFP fue el congresista Américo Gonza Castillo, de las filas de Perú Libre.
Él, junto a cinco colegas de su bancada, decidieron poner firma y huella al proyecto cuyo objetivo es retirar hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) “a fin de promover la economía nacional”.
“La presente ley tiene por finalidad que los afiliados puedan hacer uso de sus fondos para mitigar los efectos del alza del costo de vida y la baja economía”, reza la propuesta.
En su artículo 5, referido a la intangibilidad de los fondos, se indica que el retiro de los fondos a que se refiere la norma mantiene la condición de intangible, no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier forma de retención judicial o administrativa, sin distinción de la cuenta en que se haya realizado el depósito.
Dispone que en el plazo de 30 días calendario la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones deberá aprobar y publicar el reglamento.
La segunda en formular una propuesta de este tipo fue Digna Calle, de Podemos Perú. La legisladora planteó una ley que autoriza a los aportantes del sistema privado de pensiones a disponer hasta el 95.5% de sus fondos previsionales en casos puntuales.
Por ejemplo, en casos de enfermedades terminales, personas que se encuentren en desempleo, migración y estudios.
En su propuesta, indica que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones podrán disponer de hasta 50% del fondo acumulado en su cuenta de aportes obligatorios por una situación de desempleo por un periodo de tiempo superior a 60 días calendarios; para pagar estudios superiores en cualquier institución de educación nacional o extranjera sea bajo la modalidad presencial o virtual.
Asimismo, “podrá disponer hasta el 50% de su fondo para solventar estudios de sus hijos y/o cónyuge o conviviente”.
Además, la norma especifica que quienes decidan migrar al extranjero para establecer su residencia de forma permanente podrán solicitar la devolución del 100% de su fondo.
No obstante, para que todo ello funcione, la legisladora agregó una disposición complementaria que deroga el artículo 15 de la Ley No. 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, el que prohíbe nuevos retiros de las AFP.
Siguen proyectos. El congresista Darwin Espinoza fue el último en sumarse a esta ola liberadora. En su fórmula legal, el legislador colocó casi lo mismo que su colega Américo Gonza, como si de un calco y copia se tratara.
Allí indica que su propuesta tiene como objetivo disponer el retiro extraordinario y voluntario de los fondos de las AFP de hasta cuatro UIT para “mitigar los efectos del alza del costo de vida y la baja economía”.
No obstante, en lo que se diferencia es en el artículo 5:
“El retiro de los fondos mantiene la condición de intangible no pudiendo ser objeto de descuento compensación legal o contractual (...). Lo señalado no se aplica a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta un máximo de 30% de lo retirado”, reza la norma.
La propuesta de Espinoza fue planteada en coautoría de José Luna Gálvez, José Arriola, Luis Picón, Heidy Juárez y Jorge Flores. Curiosamente, no estuvo Digna Calle, a quien Espinoza sí apoyó con su firma en su propuesta.
ANÁLISIS DE FONDO
El economista Carlos Adrianzén cuestionó al Parlamento por impulsar un nuevo retiro de las AFP porque afectará al sistema de pensiones.
“Se le está llevando a la quiebra. Varias de estas operaciones daña. La traición es a los jóvenes que no se interesan en saber qué pasará con su jubilación”, señaló.
En el caso de la propuesta de la congresista Digna Calle consideró “tiene muy bien puesto el apellido porque está en la calle”.
En esa línea, el economista reconoció que la propuesta de retiro de fondos de las AFP es popular entre los jóvenes, pero porque no ven el daño que este causará en el largo plazo.
“Como les han enseñado a los jóvenes que las AFP son malas, no se dan cuenta que quien está robando es el Congreso y por supuesto que Dina Boluarte”, indicó.Agregó que los congresistas aprobarán, a como dé lugar, los proyectos sobre el retiro de fondos las AFP.
“Claro que tendrán futuro. Estos señores están acostumbrados a traicionar a los trabajadores”, consideró.
En otro momento, insistió en que el Estado “usualmente es un ladrón de jubilaciones” porque roba al pueblo y opinó que lo que ocurre en el Congreso está ideológicamente justificado para “saquear el sistema presivional”.
Por su parte, Alfo Ferrini, presidente de la AFP Integra, señaló que las propuestas lo que buscan “es destruir el sistema de pensiones al país”.
Señaló que habría que preguntar a los congresistas cuál es la razón para buscar esa destrucción.
