La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó una iniciativa legislativa que busca establecer medidas financieras a favor de personas afectadas por la criminalidad.
El proyecto plantea la creación de un registro nacional de micro y pequeños empresarios víctimas de sicariato, secuestro o extorsión, con el objetivo de facilitar el congelamiento de sus deudas y evitar el cierre de sus negocios.
El documento, denominado “Ley que crea el registro de micro y pequeños empresarios víctimas de sicariato, secuestro o extorsión y establece medidas extraordinarias de financiamiento y congelamiento de deuda a fin de evitar el cierre de sus negocios y/o actividades a nivel nacional”, fue presentado por la congresista Elva Edhit Julón Irigoin, de APP.
La iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno y Lucha contra las Drogas.
El proyecto, identificado como Ley N.° 10289, cuenta con el respaldo de varios legisladores, entre ellos Roberto Chiabra, Lady Camones, Alejandro Soto Reyes e Idelso García Correa. No obstante, uno de los firmantes, el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, aseguró no recordar haber suscrito el documento y expresó su desacuerdo con su contenido.
“Eso no tiene mi autorización, eso lo voy a investigar. La verdad que voy a retirar mi firma porque no me parece pertinente ese proyecto. Me parece descabellado porque de esta manera estamos validando acá la extorsión o poniéndola adentro de una cuenta de resultados. No me parece correcto”, declaró el parlamentario a la prensa.
El texto de la propuesta indica que “la presente ley tiene por objeto crear el Registro de Micro y Pequeños Empresarios Víctimas de Sicariato, Secuestro o Extorsión a cargo del Ministerio del Interior, así como establecer medidas extraordinarias de financiamiento y congelamiento de deudas en favor de las personas inscritas en el registro [...] a efectos de evitar el cierre de sus negocios y/o actividades a nivel nacional”.
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