El pleno del Congreso de la República aprobó, por mayoría, la acusación constitucional contra la exparlamentaria Luciana León, quien fue acusada por el Ministerio Público por el delito de tráfico de influencias agravado con 73 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
En el caso del delito de cohecho pasivo impropio votaron a favor 74 parlamentarios, dos en contra y tres abstenciones. Respecto aprobaron la acusación por el delito de peculado doloso.
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La sustentación de la acusación contra la excongresista fue sustentada por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones (Alianza para el Progreso), así como la ponente de la investigación, Susel Paredes (Cambio Democrático- Juntos por el Perú).
León acudió al Parlamento a dar sus descargo y estuvo acompañada de su abogado Humberto Abanto, quien señaló que la sanción que podría imponerse contra su patrocinada por gestionar intereses para un alcalde podría generar un precedente contra otros congresistas que pidan presupuesto ante un ministerio para una municipalidad.
Cabe destacar que, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, la exlegisladora aprista, entre marzo del 2017 y mayo del 2018, participó en la gestión de presupuesto para obras a favor de la Municipalidad de La Victoria y que buscaba favorecer a empresas vinculadas a Alexander Peña, sindicado por el Ministerio Público como el líder de la organización denominada “Los intocables ediles”. Además de ello, a León se le acusa de tener trabajadores fantasmas en el Parlamento
Durante el debate en la sesión plenaria, la congresista Ruth Luque pidió una cuestión previa para que se incluya el delito de organización criminal contra la exparlamentaria, sin embargo, su solicitud no fue aceptada.
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Según Wilson Soto (Acción Popular), el Congreso no puede criminalizar la representación o gestiones que se realizar con diversos sectores del Ejecutivo. A su turno, Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), señaló que no se puede acusar a un parlamentario por reunirse con un ministro.
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