El Pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría el dictamen del Proyecto de Ley 12723, que propone medidas extraordinarias para enfrentar los delitos de extorsión y sicariato en las empresas de transporte público y de carga.
La votación alcanzó 90 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. La norma fue exonerada de segunda votación y consta de seis artículos y dos disposiciones complementarias finales.
La propuesta legislativa fue presentada por el presidente del Congreso y encargado de la Presidencia de la República, José Jerí Oré, y dictaminada por las comisiones de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, así como de Transportes y Comunicaciones.
Durante la sustentación, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Karol Paredes Fonseca, destacó que la iniciativa responde a la urgencia de una acción estatal excepcional frente a un fenómeno criminal estructural.
Explicó que el texto fue consensuado con entidades del Ejecutivo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia y representantes de los gremios de transportistas.
“Las extorsiones y sicariatos en el transporte público afectan no sólo la economía popular, sino también el principio de seguridad jurídica y el derecho fundamental a la vida”, expresó la parlamentaria.
Entre las principales disposiciones, el dictamen plantea la creación de un registro nacional de empresas de transporte vulnerables, la intervención temporal de rutas o concesiones bajo riesgo delictivo y el intercambio de información entre la SUNAT, la SBS y la Policía Nacional para detectar operaciones vinculadas al lavado de activos.
Asimismo, establece una supervisión especial de terminales a cargo del Ministerio del Interior y la coordinación entre fiscalías especializadas en crimen organizado.
Paredes Fonseca subrayó que las medidas no reemplazan el marco penal existente, sino que lo fortalecen mediante herramientas de inteligencia y cooperación interinstitucional. “Esta ley constituye una respuesta constitucionalmente legítima y técnicamente necesaria para restaurar la confianza en el Estado y garantizar el orden interno”, afirmó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Transportes, Juan Carlos Mori Celis, señaló que el dictamen recoge los acuerdos de siete mesas de trabajo desarrolladas con diversas entidades públicas y gremios.
Precisó que el documento registra más de 128 víctimas de atentados entre agosto de 2024 y octubre de 2025, con 65 fallecidos en Lima y Callao. “El cobro de cupos se ha transformado en un sistema criminal de control económico y territorial”, advirtió.
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