El Congreso de la República aprobó una ley que establece la realización obligatoria de censos penitenciarios cada cinco años en el país.

La medida, respaldada por 96 votos a favor, tiene como objetivo mejorar el monitoreo del sistema carcelario y facilitar la toma de decisiones en materia de políticas penitenciarias.

Además, se confirmó que el II Censo Nacional Penitenciario se llevará a cabo en 2025, lo que permitirá actualizar la información sobre la población penitenciaria y las condiciones de los centros de reclusión.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) será el encargado de ejecutar estos censos, siguiendo el mismo protocolo que utiliza para los censos nacionales de población y vivienda.

La recopilación de datos incluirá información sobre la cantidad de internos, sus condiciones de vida y el estado de la infraestructura penitenciaria. Estos insumos serán fundamentales para diseñar estrategias de rehabilitación más efectivas, evaluar la capacidad de los penales y optimizar la administración de los recursos destinados al sistema carcelario.

La congresista Lady Camones resaltó la importancia de esta iniciativa, recordando que desde el primer censo realizado en 2016, la crisis carcelaria en el país ha empeorado significativamente.

Problemas como el hacinamiento y la precariedad en las condiciones de vida de los internos han sido evidentes, lo que hace urgente contar con datos actualizados para abordar estas deficiencias.

Por su parte, el legislador Isaac Mita Alanoca enfatizó que la información recopilada permitirá al Estado aplicar de manera más efectiva las normativas del Código de Ejecución Penal.

Además, señaló que estos censos serán una herramienta clave para generar políticas públicas más eficientes y garantizar un manejo adecuado de los centros penitenciarios.

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