La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó con 14 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, en segunda votación, el proyecto de ley que restituye la posibilidad de que las empresas privadas puedan financiar a los partidos políticos en Perú.

Esta medida, que fue respaldada por la mayoría de los miembros de la comisión, también introduce modificaciones en el uso del financiamiento público destinado a las organizaciones políticas con representación parlamentaria.

Actualmente, la legislación vigente permite que solo las personas naturales y las personas jurídicas extranjeras sin fines de lucro realicen donaciones a partidos. Las empresas habían podido aportar a campañas electorales hasta 2018, cuando este aspecto fue modificado a raíz del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato. Sin embargo, la nueva propuesta busca revertir esta limitación.

La reforma, que ya fue aprobada en primera votación el 27 de diciembre de 2024, establece que las organizaciones políticas podrán utilizar los recursos que reciben del Estado para financiar el pago de abogados de sus dirigentes. Además, amplía los límites para las contribuciones privadas, permitiendo una mayor participación del sector privado en el financiamiento de las campañas.

Fernando Rospigliosi, presidente de la Comisión de Constitución, explicó que el proyecto forma parte de un paquete electoral necesario para garantizar la transparencia y el pluralismo en las próximas elecciones de 2026. Según señaló, las principales ventajas de la propuesta incluyen la mejora en la competencia democrática, ya que permite que las fuerzas políticas accedan a más recursos que no podrían obtener solo con financiamiento público.

Asimismo, se diversificarían las fuentes de ingresos, reduciendo la dependencia de los partidos del Estado y, en consecuencia, potenciando su independencia. Además, la medida fomenta una mayor participación de la sociedad civil y del sector privado en la política, estrechando la relación entre los actores sociales y los proyectos partidarios.

No obstante, durante la sesión, la legisladora Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, presentó una cuestión de orden argumentando que la Comisión Permanente no tenía facultades para aprobar cambios en una ley orgánica. Sin embargo, su propuesta fue rechazada, ya que, según Rospigliosi, la reforma modifica la Ley de Organizaciones Políticas, y no la Ley Orgánica de Elecciones.

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