El Congreso de la República decidió no inhabilitar por diez años al exministro del Interior Rubén Vargas, quien fue cuestionado por su actuación durante el gobierno transitorio de Francisco Sagasti. Sin embargo, el Pleno sí aprobó su acusación constitucional, lo que permitirá que el Ministerio Público lo investigue penalmente por presunto abuso de autoridad.
La denuncia se centra en su decisión de ordenar el pase al retiro de 19 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos tres tenientes generales y 16 generales, una medida tomada en noviembre de 2020 durante su breve gestión en el Ejecutivo.
Con esta votación, el Congreso archivó la resolución que planteaba inhabilitarlo por presuntamente haber infringido los artículos 45, 139 incisos 3 y 172 de la Constitución. No obstante, al aprobar la acusación constitucional, Rubén Vargas pierde la inmunidad como exministro y podrá ser investigado como cualquier ciudadano.
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