La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso archivó la denuncia constitucional contra la prresidenta Dina Boluarte por las muertes durante las manifestaciones sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.
La conclusión del informe de la subcomisión que dirige la congresista María Acuña, indica que no se cumplen los requisitos establecidos en el articulo 89 del reglamento del Congreso para admitir a trámite la denuncia constitucional al no verificarse la relación directa entre los hechos denunciados y la configuración de infracciones constitucionales o de los tipos penales invocados.
Así, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la legisladora Ruth Luque contra la presidenta Dina Boluarte y seis exministros por las muertes y lesiones graves ocurridas durante las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
La denuncia acusaba a Dina Boluarte y a los exministros Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes, José Tello y otros, por presuntos delitos relacionados con el uso excesivo de la fuerza pública que resultó en muertos y numerosos heridos.
Los votos a favor del archivo provinieron principalmente de las bancadas que se muestra aliadas al gobierno, lo que ha sido interpretado como un respaldo político a la presidenta Boluarte en medio de un contexto de desaprobación y cuestionamientos a su gestión.
Informe de la ONU
No obstante, anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó su informe final sobre las protestas sociales que se desarrollaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, entre diciembre del 2022 y enero de 2023.
La CIDH concluyó que, de acuerdo a la información que adquirió tras visitar el Perú entre diciembre y enero, sí hubo un uso desproporcionado de la fuerza de parte de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.
“De la información recibida en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza“, se lee en el documento.
Asimismo, se mencionan las armas con las que fueron atacados los manifestantes como agraviantes. “Esto se confirma por factores como el alto número de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego, incluyendo perdigones; así como la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de la protesta o se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad. Hechos que deben ser investigados, juzgados y sancionados”, indica.
El informe, de 113 páginas, también señala que en Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”.
“Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, continúa el texto.
Acerca de cómo se dio la situación en Juliaca, señaló que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”.
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