La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que preside la legisladora María Acuña (APP) archivó la denuncia presentada por la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte por su presunta responsabilidad política en las muertes durante las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023.
El análisis realizado por el congresista José Jerí concluyó que no existen pruebas suficientes para imputar penalmente a la mandataria, aunque aclaró que esta decisión es solo en el ámbito político y constitucional, por lo que la Fiscalía puede continuar con sus investigaciones.
La votación para archivar la denuncia contó con la mayoría de los miembros de la subcomisión y fue coordinada por la presidenta del grupo de trabajo, María Acuña (Alianza para el Progreso), y el vicepresidente Jorge Montoya.
Esta resolución ha generado controversia política, pues algunos sectores interpretan el archivo como un respaldo institucional a Dina Boluarte, mientras que otros critican al Congreso por protegerla frente a cuestionamientos graves.
Sin embargo, el Ministerio Público sigue recabando pruebas en el ámbito judicial para esclarecer los hechos.
Aunque el Congreso cerró el trámite parlamentario del caso, el proceso no se detiene judicialmente, manteniéndose abiertas las investigaciones por las muertes ocurridas en la crisis social que marcó el inicio del actual gobierno.
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