Congreso: Fiscalización rechaza pronunciamiento de la Contraloría sobre infracciones administrativas

La Comisión de Fiscalización del Congreso rechazó el pronunciamiento de la Contraloría General de la República sobre una supuesta distorsión del proyecto de ley para tipificar las conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional y establecer medidas para el fortalecimiento de su potestad sancionadora.

En un pronunciamiento, el presidente de dicho grupo de trabajo, Edgar Alarcón (Unión por el Perú), indicó que se trata de propuesta de dictamen (documento de trabajo) que servirá de insumo inicial para el debate correspondiente en la comisión.

“El predictamen constituye una propuesta inicial, por lo mismo, es susceptible de ser modificada, mejorada o perfeccionada como consecuencia de la discusión de las propuestas de los señores congresistas y aportes de los organismos técnicos involucrados”, señaló.

“Esta Presidencia rechaza la afirmación irresponsable de la Contraloría General de la República”, señaló al negar que se pretenda afectar la autonomía del órgano de control y expresar su mejor disposición para intercambiar propuestas normativas y opiniones.

“Invocamos al titular de la Contraloría General de la República a no desinformar a la opinión pública y los medios de comunicación. Asimismo, lo instamos a utilizar con mayor responsabilidad los comunicados oficiales a ser emitidos, por cuanto este órgano es un ente técnico de prestigio respaldado en la objetividad de quienes la representan”, sentenció.

Cabe indicar que el debate de este predictamen se desarrollará este viernes 11 de diciembre, con participación de los representantes de la Contraloría que han sido convocados para tal fin.

Como se recuerda, a través de un comunicado, la Contraloría expresó su preocupación ya que “el predictamen que se pretende poner a votación distorsiona la finalidad de los proyectos de Ley presentados por la CGR en 2019 y 2020 para tipificar las conductas infractoras en una ley de acuerdo al fallo del Tribunal Constitucional”.

Además, asevera que “debilita la autonomía de la labor de control y sanción de la corrupción y la inconducta funcional y retrasa el principal objetivo del proyecto de ley, generando incertidumbre y acrecentando la sensación de impunidad en la ciudadanía”.

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