El Congreso debatirá durante la primera semana de diciembre la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, presentada diez días después de dejar la Presidencia. Como se sabe, Boluarte fue vacada por incapacidad moral.
El pedido incluye no solo la pensión, sino también beneficios adicionales como vehículo oficial, combustible y personal de apoyo.
El presidente interino del Parlamento, Fernando Rospigliosi, confirmó que el trámite está habilitado porque Boluarte fue electa mediante una fórmula presidencial, lo que le permitiría acceder a dichos beneficios conforme a la normativa vigente.
Rospigliosi recordó que la Comisión de Constitución aprobó una moción que reconoce este derecho para los expresidentes, salvo en casos con acusación constitucional. Sin embargo, el tema generó resistencia en diversas bancadas.
Legisladores como Ruth Luque y Alejandro Aguinaga expresaron su rechazo, señalando que Boluarte no fue elegida por voto directo y cuestionando su desempeño, mientras que Alianza para el Progreso evitó una oposición frontal y planteó que la pensión sea graduada al salario parlamentario.
La congresista Ruth Luque insistió en que no le corresponde a Dina Boluarte por no haber sido electa por voto popular directo; además de señalar que “ella es responsable de los asesinatos de su gobierno”
Paralelamente, el congresista Alejandro Muñante pidió priorizar su proyecto de ley para eliminar la pensión vitalicia a expresidentes vacados, calificándola como un “privilegio político”.
Además, solicitó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales verifique si las denuncias contra Boluarte podrían afectar su elegibilidad para recibir los beneficios. Entre los beneficios adicionales solicitados, figura un vehículo oficial permanente, un trabajador CAS elegido por la exmandataria y 150 galones de gasolina mensuales.
El monto de la pensión aún no está definido, pero se estima entre S/ 26.000 y S/ 35.000 mensuales, dependiendo de si se aplica el incremento salarial aprobado durante el propio gobierno de Boluarte, pendiente de validación congresal. La exmandataria ya ha recibido pagos laborales en procesos previos como el caso del Reniec y actualmente su defensa legal en investigaciones fiscales continúa siendo cubierta por el Estado.
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