Las empresas designadas sin licitación para proveer de 980 computadoras al Congreso enviaron cartas notariales para exigir que se respete el contrato de venta. Este proceso, como se recuerda, fue suspendido por la Mesa Directiva presidido por la fujimorista Lus Salgado.
Los documentos revelados por “Canal N” fueron enviados al Parlamento el pasado 21 de diciembre. Estos oficios están dirigidos a la directora general de Administración del Congreso, Lucía Bravo Roncal.
"No dudaremos en recurrir a las instancias arbitrales, administrativas y judiciales a efectos de perseguir no solo el resarcimiento económico de los cuantiosos daños generados, sino la determinación y aplicación de sanción por responsabilidad funcional (administrativa y penal) del personal responsable de los hechos irregulares", se exige.
Las empresas Grupo Coresol S.A.C. y Compured S.A.C. defienden la legalidad del proceso y la validez del contrato firmado con los responsables. También aseguran que ellos no han incurrido en presuntas irregularidades.
Este proceso de adquisición fue suspendido después que la Contraloría General de la República advirtiera que hay “un riesgo” en la compra. Posterior a ello se despidió al jefe de la Oficina de Compras, Sergio Romero y todo el personal a cargo de esta dirección.