El Congreso de la República puso en pausa una polémica iniciativa legislativa que buscaba sancionar penalmente a magistrados por supuesta persecución judicial. El proyecto, impulsado por la parlamentaria Kelly Portalatino, proponía hasta ocho años de prisión para jueces y fiscales que, según el texto, actúen con fines políticos.
Durante la sesión de la Comisión de Justicia, el predictamen fue severamente cuestionado por varios legisladores, quienes advirtieron que esta medida podría vulnerar principios fundamentales del derecho penal y debilitar la independencia judicial. Ante la falta de consenso, la autora del proyecto solicitó que el debate pase a un cuarto intermedio.
El núcleo del proyecto se centraba en sancionar a los magistrados que, presuntamente, instrumentalicen el sistema judicial para perseguir a opositores políticos. Sin embargo, voces dentro del Congreso advirtieron que no se puede criminalizar el ejercicio de la función jurisdiccional sin poner en riesgo el debido proceso.
En paralelo, la Comisión tenía previsto recibir a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para abordar la situación en la provincia de Pataz y otros temas de interés. No obstante, la fiscal no asistió por segunda vez consecutiva, lo que generó malestar entre los congresistas.
Por ahora, el debate ha sido suspendido, pero podría retomarse en una fecha próxima si se logra consenso sobre su viabilidad.
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