Congreso fue indulgente con trece “mochasueldos”

Poca o nula fiscalización tuvieron los casos de 13 congresistas, en el fuero parlamentario, sindicados de recortarles los salarios a sus trabajadores.

Pertenecientes a distintas bancadas, entre las que destacan Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, los denominados “mochasueldos” afrontaron sanciones poco gravosas, como multas, amonestaciones públicas o breves suspensiones, aunque no faltaron quienes vieron archivadas sus causas.

Benevolencia

Cuatro parlamentarios de APP se ubican en esta lista. Se trata de los legisladores Magaly Ruíz, Rosio Torres, María Acuña y Alejandro Soto.

En la Comisión de Ética, las dos primeras solamente recibieron una amonestación pública y una multa, aunque el informe de dicho grupo de trabajo recomendaba suspenderlas.

Sobre Ruíz, un extrabajador aseguraba que se le pedía un aporte de 1500 soles por mes para laborar en una comisión, mientras que en el caso de Torres se denunció el recorte salarial a, por lo menos, 27 empleados. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), se archivaron las respectivas denuncias constitucionales.

María Acuña (tras ser acusada por dos trabajadores) y Alejandro Soto (por presuntos recortes para financiar campañas en redes sociales)corrieron otra suerte: ambos casos se desestimaron en Ética. Asimismo, mientras se archivó la denuncia contra la parlamentaria en la Subcomisión, Soto nunca fue protagonista de una denuncia por “mochasueldos”.

En relación al Bloque Magisterial, Katy Ugarte recibió una suspensión de 30 días y descuento de haberes de 60 días, en Ética.

“Me hice un préstamo de mi asesor”, se excusó en marzo de 2024, tras reconocer un depósito de 30 mil soles en su cuenta. También tiene pendiente una denuncia en la Subcomisión.

Su colega de bancada, Lucinda Vásquez, enfrenta un proceso en Ética luego que su exasesor principal, Walter Tello, asegurara que le entregó dinero. “Era una modalidad de préstamos a depositarse en cuentas de algunos familiares, con la devolución posterior, supuestamente. Pero nunca eran devueltos”, dijo a Cuarto Poder.

La legisladora María Agüero (Perú Libre) enfrenta un informe de Ética que debe debatirse en el pleno. Este recomienda su suspensión sin goce de haber por 120 días. Testimonios recogidos por Punto Final apuntan a que el 10% de los sueldos de un grupo de sus trabajadores se cedían en calidad de “aportaciones, diezmos o apoyos al partido”. Se entregaban al chofer y coordinador de Agüero.

En el mismo saco

Destacan también los casos de Raúl Doroteo e Hilda Portero (Acción Popular).

El primero fue señalado en diciembre de 2024 por María Morales, trabajadora de su despacho, de exigirle el 50% de su remuneración. En la Comisión de Ética se aprobó un informe que recomienda su suspensión y descuento de haberes, pendiente de votarse en el pleno. De aprobarse el documento, se presentará denuncia ante la Subcomisión.

Portero, en tanto, fue sindicada de recibir parte de los sueldos de ocho de sus trabajadores. Su caso fue archivado en Ética y la denuncia constitucional en su contra, a manos de la Fiscalía, está pendiente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Podemos Perú, a su vez, tiene entre sus filas a cuatro de estos personajes: Jorge Flores Ancachi, José Arriola, Heidy Juárez y Edgar Tello.

Solo el primero recibió una suspensión y un descuento de haberes por 30 y 45 días, respectivamente, en Ética. La denuncia constitucional en su contra, por el presunto pedido del 10% de salarios y el 50% de los bonos de sus trabajadores, sigue su curso en la Subcomisión.

Mención aparte merecen Arriola, Juárez y Tello, tras recibir, cada uno, una amonestación pública. Solo al último de ellos se le impuso, además, una multa. Todos tienen denuncias en trámite en la SAC.

A Arriola se le atribuye un aparente recorte salarial a través de alimentos e implementos de cocina, supuestamente destinados a ollas comunes y comités de vaso de leche, bajo amenaza de perder sus cargos.

Por su parte, mediante su asesor principal Miguel Chafloque Domínguez, Juárez habría retenido montos salariales para pagar, con dichas sumas, el sueldo de un primo suyo a cargo de “la gestión de redes sociales”.

Por último, Tello habría recortado salarios a cuatro de sus colaboradores ¿Cómo? Exigiéndoles, según los testimonios, que cubran los costos de donaciones a un grupo de ciudadanos vulnerables. La suma de tales montos alcanzaría los 27 mil 800 soles.

Uno no es ninguno

Solo uno de estos casos derivó en un apartamiento del legislador mientras se desarrollan las investigaciones, previo levantamiento del antejuicio. Se trata de la ahora suspendida congresista María Cordero. Todo comenzó cuando un extrabajador suyo denunció un recorte de 80 mil soles en todo el periodo que laboró para la legisladora.

La procesada, que ingresó al Parlamento con la bancada de Fuerza Popular, recibió en la Comisión de Ética una suspensión y el descuento de sus haberes a modo de sanción.

A nivel de la Subcomisión, mientras tanto, se tramitó la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público, recomendándose en un informe, elevado al pleno, su suspensión del cargo hasta que duren las diligencias fiscales y su inhabilitación por 10 años. Solo la primera medida, sin embargo, fue aprobada en marzo de 2024.

Análisis

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, especialista en temas parlamentarios, aseveró que la fiscalización de estos casos no solo está en manos del Ministerio Público o del Congreso —entidad a la que pertenecen los fiscalizados—, sino también de la Contraloría General.

“El contralor está cometiendo un delito de encubrimiento y por omisión de funciones, porque la sobrepoblación laboral del Parlamento es de más de 3 mil trabajadores. Al final, los que se frotan las manos son los ‘mochasueldos’”, afirmó a Correo.

En ese sentido, consideró que el contralor general, César Aguilar, exmilitante de APP, evita confrontar a los parlamentarios debido a que son ellos quienes pueden destituirlo. “¿Qué acción de control ha iniciado al Congreso? Ninguna”, apuntó.

Por otro lado, destacó que la primera reforma constitucional a debatirse en la esfera pública, de cara a la contienda electoral, debe ser la de eliminar el antejuicio.

“Es un escudo de impunidad, porque, si no se levanta en fuero parlamentario, no se puede juzgar a nivel judicial”, enfatizó.