El congresista Diego Bazán (Avanza País) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo la reestructuración de los órganos de alta dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que permite otorgar mayor proactividad y participación de los entes del sistema de administración de justici a fin de darle mayor eficiencia en la gestión del sistema penitenciario nacional.

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Por ello, plantea la modificación del artículo 11 del Decreto Legislativo N° 1328 y propone que el consejo directivo del INPE debe estar integrado por cinco  miembros: un representante del Ministerio de Justicia, quien ejerce la presidencia ejecutiva, uno del Ministerio del Interior, del Poder  Judicial, Ministerio Público y la Policía Nacional.

“Los miembros del Consejo Directivo son propuestos por los titulares del pliego de cada institución, y designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por un periodo de cuatro años.”, se indica en la propuesta.

Asimismo, se detalla que los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, son propuestos de preferencia entre exjueces y exfiscales que se hayan desempeñado en la especialidad penal, crimen organizado y otros afines.

Además de ello, plantea que, entre los requisitos principales para dicho cargo, es necesario contar con un  título profesional de abogado, psicólogo, sociólogo, y/o carrera a fin a la función y gestión del cargo a desempeñar, con una experiencia profesional no menor de ocho  años.

“Acreditar no menos de tres años en cargos de gerencia, dirección, coordinación, despacho judicial o fiscal, gestor de grupo o equipo en actividades afines al cargo”, se acota.

Cabe destacar que, semanas atrás, el Ministerio de Justicia instaló un Grupo de Trabajo Sectorial para la elaboración de propuestas que coadyuven a la reestructuración y fortalecimiento del INPE.

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