La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la legisladora María Acuña Peralta, aprobó con 12 votos a favor y 3 en contra el Informe Final de la Denuncia Constitucional (DC) 114 —antes 467— contra la excongresista y expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín.

El documento la acusa de presunta infracción al artículo 45 de la Constitución y de la comisión de los delitos de “negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo”, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

Como consecuencia, la subcomisión propone inhabilitar a Vásquez en el ejercicio de cualquier cargo público por un plazo de 10 años.

La denuncia fue presentada por los excongresistas César Gonzáles Tuanama y Manuel Merino de Lama, quienes la señalan por actos arbitrarios durante su gestión como presidenta interina del Legislativo.

Según el informe, Vásquez habría autorizado aumentos remunerativos y designaciones de personal “a pocos días de culminar su gestión, sin tener en cuenta lo establecido a nivel reglamentario y normativo, y sin la aprobación del Consejo Directivo del Congreso”.

Además, se le imputa el incumplimiento de protocolos sanitarios durante la pandemia, al ordenar la entrega física de tarjetas electrónicas de consumo navideño a través del área de Recursos Humanos.

Esta medida, según los denunciantes, habría incrementado los contagios de COVID-19, con “dos fallecidos en ese periodo, así como otros trabajadores en estado de gravedad”.

El documento también advierte que podrían configurarse otros delitos, como “tráfico de influencias, peculado doloso, omisión de actos funcionales, omisión de las medidas sanitarias y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”.

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