El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe mensual sobre libertad de expresión, en el que documentó los principales casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación durante junio, así como las medidas que, a su juicio, afectan el acceso a la información pública en el país.
El organismo criticó a la presidenta Dina Boluarte por cumplir 250 días sin brindar declaraciones a la prensa, pese a las múltiples acusaciones en su contra.
“Los silencios de Boluarte no solo son vocales, sino que implican también una limitación a la transmisión de información pública”, señaló el CPP en su reporte.
Asimismo, la asociación civil cuestionó una disposición del Congreso que prohíbe a sus trabajadores hablar con la prensa sobre asuntos parlamentarios sin autorización previa, calificándola como una medida que incrementa la “afectación a la transparencia”.
El informe también advirtió sobre una iniciativa del Ejecutivo que obligaría a los proveedores de cable a incluir canales locales y regionales de manera gratuita.
“De esta manera, el Estado afecta la libertad de empresa de los medios de comunicación al establecer la gratuidad de sus servicios, lo que impacta negativamente en su salud económica. En regímenes autoritarios como Nicaragua, los Estados debilitan la economía de los medios para doblegarlos”, indicó el documento.
El CPP denunció, además, que autoridades como los alcaldes Rafael López Aliaga (Lima) y Carlos Canales (Miraflores) buscan socavar la credibilidad de la prensa y “generar animadversión por parte de la ciudadanía” contra los periodistas.
El hostigamiento legal y las amenazas contra comunicadores persistieron en junio. “La utilización de la ley como arma contra la prensa es ya pan de cada día en el Perú”, lamentó el gremio.
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