Contraloría denuncia irregular arbitraje en caso Emmsa – Relima que involucra pago de S/. 2 millones
Contraloría denuncia irregular arbitraje en caso Emmsa – Relima que involucra pago de S/. 2 millones

La Contraloría General interpondrá acciones legales contra un irregular laudo arbitral del 23 de diciembre último que involucra el pago de cerca de dos millones de nuevos soles del erario nacional por parte de la  a favor de la empresa Innova Ambiental, antes Relima.

El organismo superior de control detectó presuntas irregularidades en torno al servicio de limpieza pública en el , administrado por Emmsa, por el que la empresa Relima solicitó el pago de 3 millones 700,000 nuevos soles sin que haya existido licitación ni contrato.

El proceso arbitral seguido por Innova Ambiental S.A. contra Emmsa dispone que la empresa edil pague a la demandante la suma de 1 millón 935,268.29 nuevos soles como indemnización por los supuestos servicios de limpieza prestados por Relima al Mercado Mayorista de Santa Anita, durante el periodo comprendido entre el 18 de setiembre del 2012 y el 18 de setiembre del 2013.

En su momento, la manifestó sus cuestionamientos debido a que el Tribunal Arbitral Ad Hoc designado por Innova Ambiental S.A. y Emmsa era incompetente en una materia de naturaleza administrativa, que involucra recursos públicos, regulado por normas públicas, y que al no existir ni proceso de selección ni contrato alguno que los vincule solo puede ser tratado por el Poder Judicial.

En el presente caso, ambas entidades han sometido irregularmente el tema a un tribunal que se regula por normas de derecho privado.

Incluso, en este proceso arbitral irregular, la entidad afectada llegó al extremo de ofrecer una pericia que “demostraba” los servicios de limpieza alegados por la demandante Innova,valorizados en una suma similar a la que finalmente señalaron los árbitros privados.

El fallo irregular se agrava toda vez que representantes de Innova Ambiental S.A. y funcionarios de Emmsa están siendo investigados penalmente ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en delitos de Corrupción por delito de colusión en agravio del Estado, debido a una presunta concertación para defraudar al Estado con motivo de dichos “servicios de limpieza”.