La Contraloría General de la República puso en marcha un operativo de control preventivo en 466 comisarías del país con el fin de verificar su capacidad operativa, el estado de su infraestructura y la atención al ciudadano.
Durante la supervisión, el gerente de control político institucional y económico, Luis Castillo, señaló que los hallazgos muestran fallas estructurales que afectan directamente el trabajo policial.
Se identificaron techos dañados, baños inoperativos, ambientes hacinados y mobiliario insuficiente. También se detectaron armas con municiones incompletas, chalecos antibalas con décadas de uso y radios que no pueden mantenerse operativos por falta de baterías de reemplazo.
El informe preliminar advierte que, ante estas carencias, algunos agentes están asumiendo los costos para adquirir computadoras, sillas, impresoras e incluso chalecos, lo que compromete la seguridad de la información y evidencia brechas logísticas críticas.
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