Contraloría está lista para aplicar sanciones administrativas

A partir de hoy, la Contraloría General se encuentra expedita para aplicar sanciones administrativas a aquellos funcionarios o servidores que hayan cometido irregularidades graves o muy graves en perjuicio del Estado, informó el titular del máximo órgano de control, Fuad Khoury.

Afirmó que se ha concluido con la implementación de las instancias necesarias para ejercer las facultades sancionadoras, garantizando en todo momento el debido proceso y el derecho de defensa de quienes tendrían presunta responsabilidad administrativa funcional grave o muy grave, según los informes de control emitidos por los auditores.

Explicó que el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) que se está poniendo en marcha está compuesto por dos instancias. La primera de ellas está integrada por los Órganos Instructores que se encargan de investigar las presuntas irregularidades, identificar las infracciones y recomendar las sanciones; y, los Órganos Sancionadores que tienen como función imponer o desestimar la sanción propuesta.

Aquellos funcionarios o servidores que no estén de acuerdo con la sanción administrativa impuesta podrán recurrir a una segunda instancia: el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas que resolverá las apelaciones. Los cinco vocales titulares del tribunal y uno alterno cuentan con amplia trayectoria profesional, intachable conducta y reconocida solvencia profesional, señaló.

Khoury destacó que las dos instancias cuentan con autonomía técnica y son dirigidas por profesionales de amplia experiencia y formación académica, lo que contribuye a garantizar que sus decisiones se sujeten a los principios de legalidad y debido proceso.

Explicó que la Contraloría asume esta nueva facultad sancionadora para orientar la conducta de los funcionarios y servidores, previniendo conductas que afecten una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos. Además, busca disuadirlos de que resulta más ventajoso cumplir con la normativa vigente que intentar violarla.

Informó que se iniciarán los procedimientos administrativos teniendo como punto de partida las irregularidades administrativas funcionales graves y muy graves cometidas desde el 6 de abril del 2011, fecha en que entró en vigencia la nueva potestad otorgada.

Explicó que se podrá abrir un proceso administrativo, no solo a los funcionarios y servidores a quienes se les identifique responsabilidad administrativa funcional en los informes de control, sino también al personal contratado bajo el régimen de contrato administrativo de servicios (CAS), locadores de servicios, personal comprendido en regímenes especiales y quienes laboran en empresas del Estado.

La normativa vigente regula las 47 conductas y sus agravantes que son consideradas infracciones graves o muy graves. De acuerdo a ello, podrán ser sancionadas con inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno a cinco años o la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de remuneraciones, de 30 a 360 días calendario.

La Contraloría puede sancionar el incumplimiento de disposiciones legales e internas; la transgresión de principios, deberes y prohibiciones éticas; realizar actos persiguiendo finalidades prohibidas; y, el desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés público.