La Contraloría emitió un informe sobre las contrataciones en la Oficina de Legal y Constitucional del Congreso, área donde se originó el escándalo de la red de prostitución tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, y descartó de toda culpa a la Presidencia del Parlamento. En paralelo, se encontró que tres funcionarios involucrados presentaron presunta información falsa para laborar en dicha institución.
La Contraloría corroboró que las contrataciones laborales en el Congreso de la República dependen únicamente del Departamento de Recursos Humanos y no las hace Presidencia.
“Se ha verificado que el Congreso de la República contrató, a través del Departamento de Recursos Humanos, ante el requerimiento de la Oficina Legal y Constitucional y con aprobación de la Oficialía Mayor”, precisa la conclusión del documento.
Asimismo, la Controlaría confirmó que los exservidores Jorge Luis Torres Saravia, Myreilla Johany Walters Solano y Isabel Cajo Salvador sí presentaron documentos falsos.
No obstante, los demás trabajadores de la oficina en mención - incluido Andrea Vidal - sí contaban con sustento para laburar en el Parlamento.
“Constatándose que los servidores cumplen con los requisitos para ser admitidos en el Congreso de la República79 , así como, los requisitos mínimos para el puesto en cuanto a formación académica, capacitación y experiencia laboral”, sentencia.
