"Copy Depot era la fachada de Jaamsa"

El informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria recomendó suspender por 120 días las funciones como legislador de Julio Gagó, acusado de crear una empresa fantasma para contratar con el Estado pese a estar impedido por la ley.

La recomendación, a ser debatida en la sesión de este lunes, señala que el fujimorista faltó el respeto a su investidura al burlarse del artículo 10° de Ley de Contrataciones para que la empresa Jaamsa, de su propiedad, continué vendiéndole al Estado a través de Copy Depot.

La decisión aumenta la presión contra Gagó, quien hace dos meses fue retirado de la vocería de Fuerza Popular y suspendido de la bancada legislativa.

Ahora, la correlación de fuerzas en la Comisión de Ética apunta a que el documento sería refrendado por mayoría.

EL INFORME. De acuerdo al reporte elaborado por la Secretaría Técnica del grupo, el mecanismo montado por Gagó "consistió en valerse de la empresa Copy Depot, sobre la cual ejercía dominio y dirección, y por ser una empresa en la que no figuran como accionistas él ni sus hermanos".

Ante todas las evidencias obtenidas en la investigación, se señala que "queda evidenciado" el alto grado de participación del fujimorista "por ser la persona que dirigía toda la estrategia para venderle al Estado".

"Es decir, su participación en los hechos fue central y determinante", se asegura en la fundamentación de la recomendación de sanción.

Pero eso no es todo. La comisión que encabeza el congresista Humberto Lay dedica un capítulo aparte para subrayar la forma "premeditada" con la que Gagó actuó para venderle fotocopiadoras y otros productos al Estado por millones de soles.

"Constituye un agravante de la conducta del congresista el que haya actuado de forma premeditada, pues toda la estructura creada para eludir la prohibición legal empezó desde antes de su juramentación como congresista, estructura de la cual se ha beneficiado durante todo el ejercicio de sus funciones", se refiere.

Por esta razón, en el informe se recomienda suspender a Gagó por 120 días en sus funciones parlamentarias y el respectivo descuento de sus haberes.

HASTA 5 AÑOS. Desde la óptica de responsabilidad penal, el informe advierte sobre el presunto delito de falsedad genérica.

Según se afirma, el congresista "habría estado ocultando la verdad de los hechos, simulando que la persona de Amancio Armas y la empresa Copy Depot son independientes de su persona y de Jaamsa".

Por ello, el informe sería remitido a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones.

Bajo la óptica del abogado penalista Mario Amoretti, Gagó podría recibir poco más de cinco años de pena privativa de la libertad por el delito de falsedad genérica.

Explicó que a la pena máxima por dicho delito (4 años), se le sumaría una tercera parte por tratarse de un funcionario público.

"Sobre el máximo de la pena, que son cuatro años, se le agregaría un tercio de ella: un año y seis meses más, cuando el implicado tiene esa condición (de parlamentario)", explicó el abogado.

En ese sentido, Amoretti lamentó que el ambiente político se vea frecuentemente vinculado a actos de corrupción, lo cual, aseguró, merma la confianza de la ciudadanía hacia sus representantes.

"No hay filtros para recibir candidatos y la culpa la tienen los dirigentes de los partidos. Solo les importa el aporte (económico) a las campañas", lamentó.

"FUE FACHADA". Al respecto, el presidente de la Comisión de Ética, Humberto Lay, sostuvo que la Secretaría Técnica del grupo que conduce determinó la utilización de Copy Depot por parte de la familia Gagó como una empresa fachada creada precisamente para adjudicarse licitaciones del Estado.

"(Copy Depot) habría sido utilizada como una empresa de fachada para que Jaamsa, que es la empresa de la familia Gagó, pudiera continuar vendiéndole al Estado. Eso es lo que señala el informe que se ha preparado", indicó el legislador evangélico en Canal N.