Como medida en medio del estado de emergencia que se vive en Perú por la pandemia del coronavirus, el Poder Ejecutivo dispuso la reducción de los sueldos del presidente Martín Vizcarra, sus ministros y otros altos funcionarios, durante tres meses.
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Sin embargo, no se suman a esta iniciativa el Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional ni el Banco Central de Reserva.
A través del Decreto de Urgencia Nº 063-2020 publicado hoy en el diario El Peruano, el gobierno dispuso "el apoyo solidario de los funcionarios y servidores públicos del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos del personal de la salud, fallecidos a consecuencia del COVID-19”.
En la norma se lee “reducir de manera temporal, por un periodo de tres meses, la remuneración del presidente de la República y los ingresos mensuales, provenientes de su cargo, de los funcionarios y servidores públicos del Estado del Poder Ejecutivo, destinando los ahorros derivados de dicha reducción a contribuir con el financiamiento de medidas que permitan mitigar el impacto de la propagación del coronavirus (COVID-19)”.
Además del mandatario, el DU se aplica a todos los ministros, viceministros, secretarios generales, directores generales, jefes de oficinas generales, titulares de organismos públicos, rectores y vicerrectores de universidades públicas, miembros de tribunales administrativos, y servidores del Poder Ejecutivo que estén bajo cualquier modalidad de contrato.
La medida se dará durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, teniendo en cuenta los siguientes factores: “reducción del 10% del ingreso mensual para el monto mayor o igual a 15,000 soles, y menor a 20,000 soles; y reducción del 15% del ingreso mensual por el exceso del monto mayor o igual a 20,000 soles”.
Cabe precisar que para quienes su ingreso mensual es mayor o igual a 20,000 soles, la reducción de su ingreso mensual se realiza aplicando el porcentaje respectivo a cada tramo, y la reducción total es la suma de los resultados parciales de los dos tramos. "La reducción de ingresos no afecta la base de cálculo de los beneficios laborales que tuvieran derecho los funcionarios y servidores públicos”, se lee en el DU.
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