La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dispuso este viernes que los jueces en Perú se abstengan de aplicar, por el momento, la ley de amnistía para militares, policías y civiles de los comités de autodefensa por delitos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000).
La resolución fue emitida como medida cautelar “a fin de que no surta efectos jurídicos hasta que la Corte se pronuncie” de manera definitiva, luego de que la presidenta Dina Boluarte promulgara la norma pese a que el tribunal había ordenado suspender su tramitación.
La amnistía fue impulsada en el Congreso por bancadas conservadoras, en su mayoría de derecha, con respaldo al Gobierno y presencia de exmilitares y expolicías. La norma alcanza a procesados por delitos cometidos en la lucha contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), así como a condenados mayores de 70 años.
El pronunciamiento de la Corte IDH se da en el marco del seguimiento a las sentencias por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en las que 25 personas fueron asesinadas por el grupo Colina. Estos hechos motivaron la condena a 25 años de cárcel del expresidente Alberto Fujimori como autor mediato.
La promulgación de la norma se realizó en Palacio de Gobierno, en un acto con policías y militares en retiro, donde participaron algunos exintegrantes del grupo Colina. En esa ocasión, Boluarte acusó al tribunal internacional de “injerencia” y de vulnerar la soberanía nacional.
El hecho coincidió con la víspera del 40 aniversario de la masacre de Accomarca (1985), en la que 69 campesinos fueron asesinados por una patrulla militar al mando del entonces teniente Telmo Hurtado, hoy preso.
Las medidas de la Corte IDH también han impulsado a Boluarte a plantear una eventual salida de Perú del Pacto de San José. En esa línea, nombró como ministro de Justicia y Derechos Humanos a Juan José Santiváñez, abogado que ha defendido a policías investigados por ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, dispuso la creación de un grupo de trabajo para elaborar un “proyecto de Ley de Soberanía Nacional” que limite la actuación del tribunal.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtió que la amnistía “borra décadas de lucha por justicia y verdad” y que más de 150 condenas y 600 procesos judiciales “están en riesgo”.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno dejó cerca de 69.000 víctimas.
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