Sala Plena de Corte Suprema abre rendija a los jueces de la Sala Penal

Los jueces de la Sala Penal Nacional (SPN) podrán seguir viendo procesos relacionados al caso Odebrecht u otros vinculados a corrupción de funcionarios, pero para ello deberán utilizar las armas que la ley los asiste.

Esta facultad es parte del acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema, revelado ayer por Correo, el cual ratifica la legalidad del Estatuto de la SPN.

Sin embargo, pese a que el estatuto establece que los casos vinculados a delitos en la administración pública deben ser vistos por la SPN, deja una rendija abierta para los actuales integrantes de ese cuerpo judicial hasta que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inicie la convocatoria para las nuevas plazas, programada para febrero próximo.

“En todo caso, en el ámbito concreto de sus potestades, la definición de la competencia en casos puntuales corresponderá a los órganos jurisdiccionales, conforme a las normas procesales de la materia”, dice el pronunciamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema que se difundió ayer.

ANTECEDENTES 

En dicha audiencia, César Nakazaki, abogado de Pastor, apeló la decisión de Concepción, la misma que será revisada por una Sala de Apelaciones.

Actualmente, la Sala Penal Nacional tiene dos tribunales de apelaciones y si cualquiera de ellos confirma la resolución del juez, la defensa de Pastor podría interponer un recurso para definir las competencias en la Corte Suprema.

PONEN LÍMITES

En concreto, el reglamento dispone que la SPN ya no será competente para ver casos vinculados a corrupción y que estos pasen al Sistema Nacional Anticorrupción.

Cabe señalar que dicho reglamento fue elaborado por una Comisión Especial de Presidentes de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia integrada por César San Martín Castro, César Hinostroza Pariachi y Josué Pariona Pastrana, así como un miembro del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Augusto Ruiz Díaz Farfán.

NOMBRAMIENTO

“Las plazas judiciales de la Sala Penal Nacional, al consolidarse este importantísimo órgano judicial, deben ser sometidas a concurso público conforme a la Constitución y a la ley. Solo se puede sostener una vulneración a la garantía de inamovilidad judicial si se remueve arbitrariamente al juez que es titular de una plaza judicial específica. En el presente caso, no ha sucedido lo uno ni lo otro”, dice el pronunciamiento de los jueces supremos.

En este punto, se ratifica lo dicho por el titular del PJ, Duberlí Rodríguez Tineo, quien dijo que los magistrados de la Sala Penal son titulares, pero en sus respectivas jurisdicciones de origen.

Por ejemplo, el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó prisión preventiva contra los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, es titular en la jurisdicción del Santa.

Ahí tiene su plaza en caso no quiera volver a postular para la SPN con sede en Lima. Lo mismo pasará con la mayoría de magistrados de dicha jurisdicción, incluida su coordinadora, Inés Villa Bonilla.

anticorrupción. Sobre el Sistema Especializado de Corrupción de Funcionarios, la Sala Plena acordó conformar una comisión de jueces supremos para “fijar los cauces de la institucionalización” de este órgano jurisdiccional.

En el pronunciamiento, también resalta “la necesidad” de que sus integrantes pasen por concurso y nombramiento del CNM.

Además, no descarta unificar la Sala Penal Nacional y el Sistema Especializado Anticorrupción, propuesta que será valorada por la comisión de jueces supremos y el Consejo Ejecutivo del PJ.