El Gobierno designó ayer al abogado constitucionalista Daniel Soria Luján como nuevo procurador general del Estado por un plazo de cinco años, otorgándole la facultad de denunciar penalmente a congresistas, ministros, al presidente de la República y a otros altos funcionarios.

Sin embargo, su nombramiento fue una designación directa del Poder Ejecutivo y estuvo exento de un concurso público como por ejemplo fue la elección de los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según la exprocuradora Katherine Ampuero esta modalidad podría afectar la independencia y autonomía de la Procuraduría.

Sostuvo que el decreto legislativo 1326, aprobado por el Ejecutivo en noviembre pasado -tras el cierre del Congreso-, que además sustenta el nombramiento de Soria Luján, “no cumple con la finalidad de darle independencia (al organismo)”.

Requisitos. Según Ampuero, Soria Luján no consignó en su hoja de vida el requisito de tener trayectoria en la abogacía jurídica del Estado, que significa estar dedicado a su defensa en materia penal, judicial o civil por varios años.

Ante ello, alertó que su nombramiento podría ser invalidado por las autoridades, al no cumplir con ese requerimiento establecido por el marco legal ya mencionado.

“Me llama la atención su falta de experiencia. El Ejecutivo, en este caso la ministra de Justicia, Ana Revilla, debe acreditar o explicar ello”, manifestó.

También dijo que la designación del nuevo procurador del Estado limitará las denuncias que puedan formular los demás procuradores contra altos funcionarios.

Luján en episodio violento con estudiantes de la PUCP.

Bajo la lupa

Daniel Soria Luján fue acusado de ser uno de los responsables del escándalo por cobros ilegales en las pensiones de la Universidad Católica.