Cuestionan el retorno de la inmunidad parlamentaria

Es creciente el rechazo al eventual retorno de la inmunidad parlamentaria, iniciativa que este Congreso parece promover, no solo por considerarse “inoportuno”, sino porque sería un “retroceso” en la persecución del delito.

Según diversos cuestionamientos, con esta prerrogativa se busca proteger a los legisladores frente a posibles delitos comunes y no ante a los eventuales delitos de función, ya que para este último caso existe la figura del antejuicio político y la denuncia constitucional.

Ante las múltiples críticas a dicho planteamiento, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, salió a defender la iniciativa aprobaba el martes último en la Comisión de Constitución, y que deberá ser debatida y ratificada en el pleno del Parlamento.

“La inmunidad no es impunidad”, sostuvo, al tiempo de apuntar sus críticas a los medios de comunicación por –en su opinión– “desinformar” y generar “escándalo” al dar a conocer esta propuesta.

Como se ha informado, el proyecto plantea restablecer la citada prerrogativa parlamentaria en la Constitución y, en caso de aprobarse, estaría vigente para los senadores y diputados electos en 2026.

Retroceso. El constitucionalista Samuel Abad, manifestó que la inmunidad parlamentaria es para proteger a los congresistas de delitos comunes, por lo cual la aprobación del dictamen es inconveniente y representa un retroceso.

“La considero totalmente inoportuna, porque busca garantizar la impunidad de quienes lleguen al Congreso y significa un notable retroceso”, manifestó a Correo.

Desde su punto de vista, esta figura legal protegerá a los integrantes del Congreso bicameral, diputados y senadores, ante delitos comunes; por ejemplo: homicidio, violación sexual y minería ilegal, entre otros.

Afirmó que en casos de delitos comunes los legisladores, como cualquier persona, deben acudir ante la Fiscalía, mientras que para los delitos que puedan cometer en el ejercicio de la función existe el antejuicio, para lo que no se requiere ninguna reforma de la Carta Magna.

“Si, por ejemplo, hubiera una investigación por violación sexual de un congresista, imaginando que esté vigente la inmunidad, quien va a decidir si será procesado es el propio Congreso, por lo que no hay ninguna garantía de imparcialidad”, advirtió.

“En consecuencia, si el Parlamento decide que no prospere la investigación por violación sexual o por minería ilegal, la investigación no va a prosperar y la detención tampoco”, alertó.

Abad también expresó que la posible restitución de esta protección para los legisladores “incrementa los niveles de desprestigio del Congreso”, que ante tanto descrédito pretende ser inmune frente a delitos comunes.

POSTERGAR. En opinión del expresidente del Tribunal Constitucional (TC) Víctor García Toma, la aprobación del dictamen que busca restablecer esta prerrogativa a favor de los parlamentarios debe ser vista en el próximo Parlamento, y no en el actual Legislativo.

“En tanto no tengamos una representación que sea consecuente con ciertos valores políticos y morales, la inmunidad no es un medio para asegurar la autonomía, independencia y fiscalización del Parlamento, sino se convierte en un mecanismo de impunidad”, aseveró.

Sin embargo, precisó que la prerrogativa parlamentaria ha sido el sustento de la independencia y autonomía del Legislativo desde sus orígenes, y que en nuestro país ha funcionado de manera correcta cuando los legisladores han denunciado distintos actos de corrupción en los últimos años.

“En la actualidad, el Parlamento ya no representa al sistema de partidos y los que están allí no están movidos por motivos ideológicos o doctrinarios, y no preservan intereses generales, sino que se dedican a intereses particulares; los cuales, en muchos casos, están reñidos con los bienes jurídicos que las leyes defienden”, sostuvo García Toma.

El extitular del TC consideró que esta situación ha creado en la ciudadanía un sentimiento de que el Legislativo ha sido desnaturalizado por una representación que hoy “no tiene los visos que sustentan el resto de funcionamiento del Parlamento”.

“Entonces veo que sería inconveniente hoy restablecer la inmunidad, en tanto la representación política no restituya su nivel de integridad y rectitud, y la búsqueda de propósitos colectivos”, subrayó.

No obstante, consideró que de no aprobarse esta reforma constitucional, sí debería admitirse una reforma del Ministerio Público, “que es el otro gran peligro que existe ahora”, resaltó.

NO ES IMPUNIDAD. A su turno, el titular del Congreso, Eduardo Salhuana, expresó que la inmunidad parlamentaria no significa impunidad y que se trata de una prerrogativa que existe en todos los parlamentos del mundo, por lo que no es exclusiva de nuestro país.

“La inmunidad parlamentaria es una atribución que tienen todos los congresos del mundo, no es exclusivo del Perú, Argentina o Bolivia. Es una facultad que tienen todos los parlamentos por su origen”, comentó.

Al subrayar que “la inmunidad no es impunidad”, manifestó que, sin embargo, le preocupan “los titulares de algunos medios de comunicación que no aclaran y desinforman, que no buscan la verdad, sino el escándalo”.

Explicó que el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución plantea que ante las denuncias contra los legisladores, la respectiva cámara (diputados o senadores) evalúe en un plazo de 30 días si le levantan o no el fuero parlamentario para que un legislador sea juzgado por el Poder Judicial.

También precisó que dicha protección a favor de los congresistas “no está referida a ningún delito cometido antes del ejercicio de la función” y que se prologará durante los cinco años del ejercicio legislativo.

“Si hay delito flagrante, inmediatamente lo ponen a disposición de la cámara y está lo pone a disposición de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no hay impunidad, simplemente una protección para evitar denuncias de naturaleza o índole político”, aseveró.

REFORMA. La propuesta aprobaba por la Comisión de Constitución plantea la reforma del artículo 93 de la Constitución, para que los senadores y diputados no puedan ser procesados ni vayan presos sin previa autorización de la cámara a la que pertenecen, o de la Comisión Permanente.

La prerrogativa no contempla los delitos flagrantes. El procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a los senadores o diputados durante el ejercicio de su mandato será de competencia de la Corte Suprema de Justicia.