El exprocurador Daniel Soria. (Fotos: Renzo Salazar/GEC)
El exprocurador Daniel Soria. (Fotos: Renzo Salazar/GEC)

El exprocurador general del Estado, Daniel Soria, cuestionó su destitución de la Procuraduría por parte del Ministerio de Justicia (Minjus), señalando que habría un “trasfondo político” en la decisión de separarlo de la institución.

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El último lunes, el Minjus resolvió destituir a Soria Luján de su cargo, luego de un proceso administrativo en su contra por presuntamente no cumplir con uno de los requisitos para ocupar el puesto.

Cabe recordar que en febrero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo, Daniel Soria fue destituido de su cargo, aunque luego fue reinstaurado por el Poder Judicial. Sin embargo, en noviembre de 2023, ya bajo el régimen de Dina Boluarte, una comisión ad hoc decidió suspenderlo temporalmente debido a un proceso disciplinario.

En diálogo con RPP, Soria Luján consideró que los dos procesos que enfrentó coincidieron con eventos “bastante cuestionables” por los que atravesaba el Ejecutivo.

“Estos informes, que han sido el sustento para la destitución, se dan en momentos bastante cuestionables. Si yo no cumplo supuestamente un requisito, debió haberse activado de inmediato el mecanismo de control de la Contraloría del Minjus en el año 2020, cuando recién fui designado; o en octubre del 2022, cuando regreso a la función”, afirmó en

“Trayectoria en la defensa jurídica del Estado es la denominación. Yo fui designado en febrero del 2020. El Minjus dio por válidos todos los requisitos, he ejercido el cargo por dos años desde ese momento, y recién en enero del 2022 hay un informe de la Oficina de Control Institucional del Minjus que señala que yo no cumplía ese requisito. Y ese informe se hizo a pedido del entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, un mes después de que presentó la denuncia por el caso Puente Tarata contra el expresidente Castillo”, afirmó.

Yo considero que en ambos casos, en cierta medida, hay un trasfondo político, porque básicamente estas acciones se dan con posterioridad a estos actos que señalo. El caso de la denuncia del señor Castillo, en el caso de las investigaciones que participamos a nivel fiscal en el caso de la presidenta Boluarte”, acotó.

Subrayó que su destitución refleja “un problema de falta de respeto a la autonomía” de la PGE, y que puede interpretarse “como una respuesta a las acciones que la Procuraduría ha estado llevando a cabo” junto a la Fiscalía en las investigaciones contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas a finales de 2022 y principios de 2023.

Soria Luján subrayó que su destitución refleja “un problema de falta de respeto a la autonomía” de la PGE y podría interpretarse como una reacción a las acciones conjuntas de la Procuraduría y la Fiscalía en las investigaciones sobre las muertes durante las protestas de finales de 2022 y principios de 2023.

El exprocurador también señaló que se le acusa de haber “afectado los principios de idoneidad, probidad y veracidad del Código de Ética de la función pública” al ejercer el cargo de procurador general del Estado con información inexacta.

“¿Cuál es esa información presuntamente inexacta? La que yo presenté en enero del 2020 para que evalúen mi designación en el cargo de procurador, concretamente el tema de la experiencia en defensa jurídica del Estado (...) Yo presenté en su momento la documentación de mi trabajo en la Defensoría del Pueblo, concretamente en la Adjuntía de Asuntos Constitucionales, donde se veían procesos constitucionales que son materias que también tienen una relación con la defensa jurídica el Estado”, aseveró.

Refutará su destitución

Daniel Soria Luján anunció que impugnará la decisión del Ministerio de Justicia, pues considera que es “un absoluto maltrato hacia mi persona como profesional”. “Y por ese honor profesional, yo voy a impugnar la decisión del Minjus. Lo que corresponde es ir al Tribunal del Servicio Civil, a Servir, y posteriormente, de ser el caso, al Poder Judicial para que se revierta esta decisión”, agregó.

“Esto para mí no tiene que ver con recuperar un trabajo, sino con que mi honor profesional no sea afectado por este tipo de decisiones que son arbitrarias a mi parecer”, concluyó.

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