Daniel Soria Luján fue destituido como procurador general del Estado

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) destituyó a Daniel Soria Luján de su puesto como procurador general del Estado en respuesta a un procedimiento en su contra debido a cuestionamientos en torno a su designación.

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De acuerdo con información difundida por RPP, a través de la Resolución Ministerial N° 0097-2024-JUS, también se dispuso el envío de una copia de la resolución y los antecedentes a la Procuraduría General del Estado, para que proceda con la interrupción de la contraprestación de Soria y tome cualquier otra medida administrativa correspondiente dentro de sus competencias.

Además, se remitirá una copia de la resolución y de sus antecedentes a la Procuraduría del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que, de acuerdo con sus competencias, inicie las acciones legales pertinentes en defensa de los intereses de la entidad.

Previa sucesión

Como se recuerda, el pasado 24 de noviembre de 2023, el MINJUSDH, a través de una comisión ad hoc, resolvió suspender temporalmente a Daniel Soria de sus funciones como procurador general del Estado.

Esto fue en respuesta a un proceso disciplinario iniciado después de que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría señalara que Soria no cumplía con los requisitos establecidos al momento de su nombramiento durante el Gobierno de Martín Vizcarra, ya que solo contaba con un certificado como asesor de la Defensoría del Pueblo.

En febrero de este año, la comisión ad hoc recomendó al ministro de Justicia, Eduardo Arana, la destitución de Soria en el marco del procedimiento disciplinario. En el documento se señala que los hechos que llevaron a la suspensión de Soria en noviembre de 2023 “fueron corroborados”. Además, se mencionó que “la situación infractora se inicia el 3 de febrero de 2020″ y continuará hasta que se termine la relación laboral con la entidad.

Se señaló que Soria se benefició ilícitamente al ocupar un cargo para el que no estaba calificado, y existen pruebas suficientes de que infringió los principios de probidad, idoneidad y veracidad establecidos en el Código de Ética.

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