El exministro del Interior Daniel Urresti presentó un recurso ante el Poder Judicial para anular la condena de 12 años de prisión que cumple por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Ayacucho. Su defensa se basó en la Ley 32107, norma que regula la prescripción de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El pedido fue evaluado el viernes 5 de septiembre por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria. Durante la audiencia, el abogado de Urresti, Miguel Ángel Soria, sostuvo que la sentencia fue dictada sin un sustento legal sólido.
“Solicito que se declare nulo todo el proceso penal con el que el general Urresti ha sido condenado de manera injusta, entre otras razones, porque le aplicaron de forma retroactiva el Estatuto de Roma”, señaló la defensa, que también cuestionó la validez de las referencias a normas internacionales sobre imprescriptibilidad.
Desde el Ministerio Público, el fiscal superior Pedro Orihuela pidió rechazar el recurso y recordó que el crimen contra Bustíos constituye una grave violación de derechos humanos.
“Este hecho constituye una ejecución extrajudicial y, por tanto, es una grave violación de derechos humanos. El Estatuto de Roma no se aplicó retroactivamente, sino que sistematiza crímenes ya reconocidos en el marco internacional”, afirmó.
La decisión final quedó en manos del juez Máximo Maguiña, quien deberá resolver si corresponde admitir el pedido de nulidad o ratificar la condena.
Urresti permanece recluido desde abril de 2023 y, de mantenerse la sentencia, continuará en prisión hasta abril de 2035. La Corte Suprema ratificó de manera unánime su condena el 19 de julio de 2023, al confirmar su responsabilidad en el homicidio con alevosía del corresponsal de Caretas.
El caso se ha considerado emblemático en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos durante el periodo de violencia interna en el país. No obstante, la Ley 32107 ha generado amplia controversia. Diversas organizaciones y el propio Ministerio Público advierten que esta norma podría favorecer a responsables de casos como Barrios Altos, La Cantuta o Accomarca.
Sharmeli Bustíos, hija del periodista asesinado, expresó en redes sociales su rechazo a que dicha ley se aplique en este proceso: “No se puede dar tregua a la ‘Ley de Impunidad’ en un país como el nuestro, con tantos casos por resolver. Es inconstitucional y una afrenta para quienes luchamos por justicia”.
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