Proyecto de Ley presentado por el congresista Darwin Espinoza busca modificar el artículo 11.1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Foto: Congreso
Proyecto de Ley presentado por el congresista Darwin Espinoza busca modificar el artículo 11.1 de la Ley de Contrataciones del Estado. Foto: Congreso

El congresista Darwin Espinoza se pronunció ante la prensa luego de la presencia de fiscales en su oficina congresal, ubicada en la cuadra 3 del jirón Huallaga, en el centro de Lima.

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En su declaración, Espinoza negó rotundamente que se tratara de un allanamiento, refutando la información difundida al respecto.

“Es la constatación para que verifiquen si la dirección que tienen es mi oficina”, explicó Espinoza a los periodistas, enfatizando que no hubo ningún tipo de incursión ni registro de su espacio de trabajo.

Esta declaración surge en medio de acusaciones previas contra el congresista, quien ha sido señalado de utilizar recursos del Congreso para promover la inscripción de su partido político.

Según un reportaje de Latina, Espinoza habría solicitado 10,000 hojas bond a la Oficina de Abastecimiento del Parlamento en enero pasado, las cuales habrían sido utilizadas para imprimir las fichas de afiliación de su partido Movimiento Regional Adelante Áncash.

Además, se denunció que los trabajadores de su despacho fueron presuntamente obligados a realizar labores proselitistas, como la búsqueda de firmas para la inscripción del partido en Áncash, en horarios que coincidían con sus horas laborales habituales.

Ante estas acusaciones, los extrabajadores de Espinoza han manifestado su malestar, indicando que el proceso de recolección de firmas y la verificación de afiliaciones se realizaban en las instalaciones del despacho del congresista, durante jornadas laborales que se extendían incluso a los fines de semana.

La presencia de fiscales en la oficina de Espinoza se enmarca en una serie de investigaciones y diligencias relacionadas con estas acusaciones, aunque el congresista ha enfatizado que no se trató de un allanamiento y que su intención es aclarar cualquier malentendido respecto al uso de recursos públicos para fines partidarios.

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