Luego de que el Congreso de la República restableció la detención preliminar en casos de no flagrancia, figura que ellos mismos habían decidido eliminar pese a alertas del Ministerio Público, el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jhon Mesías Romero, consideró que esta rectificación es positiva, dado que no le quitaban herramientas al sistema de justicia para luchar contra la delincuencia.
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Según, explicó el representante de los letrados de Arequipa, la norma que aprobaron los 79 legisladores debe ser promulgada por la presidenta Dina Boluarte y tiene que ser publicada en el Diario Oficial el Peruano, para que entre en vigencia.
Una vez que esto suceda recién los jueces de todo el país volverán a tener la facultad para ordenar detenciones preliminares en casos en que no hay flagrancia, para ello deberán tomar en cuenta que existan “elementos razonables” para considerar que un investigado cometió un delito, así como “indicios razonables” de que existe riesgo de fuga o de peligro de obstaculización de la justicia para aplicar la privación de la libertad.
“Mientras el Ejecutivo se toma el tiempo, el sistema de justicia está atado de manos en este momento, por ello la inmediatez de su respuesta es vital, ya que la detención preliminar para casos de no flagrancia es una herramienta que ayuda a retirar de las calles a los delincuentes”, enfatizó Jhon Mesías Romero
AUSENCIA LIDERAZGO POLÍTICO
Para el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, la entrada en vigencia de la Ley N° 32181 la cual eliminó la detención preliminar sin flagrancia que en este momento está vigente, es una medida que no ayuda al combate contra el crimen organizado.
La intención fue prohibir que los policías puedan ser detenidos preliminar o preventivamente tras causar una lesión o muerte en cumplimiento de sus funciones, no obstante se incluyó una disposición final complementaria que eliminó la detención preliminar sin flagrancia en todos los casos.
Para Jhon Mesías Romero, el incluir la disposición final de forma escondida y que ningún parlamentario se diera cuenta del contenido de la misma, es el reflejo de que el Congreso maneja una agenda que está divorciada de la realidad del país y de las necesidades de los peruanos, así como de sus instituciones titulares como es la administración de justicia.
“Gracias a las malas decisiones del Congreso, hoy la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia ha limitado la capacidad del sistema judicial para enfrentar delitos graves y complejos como la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado. Este cambio normativo ha dejado a fiscales y jueces sin una herramienta esencial para actuar con rapidez y eficacia en casos que demandan una intervención inmediata”, aseveró el decano del Colegio de Abogados de Arequipa.
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