(Foto: GEC)
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El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, señaló la necesitar de que el gobierno promulgue de manera inmediata la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Gutiérrez resaltó que, aunque dicha norma aprobada por el Congreso de la República tiene deficiencias, eliminarla de golpe dejará un vacío legal peligroso en un momento de gran inseguridad.

En este momento no tenemos otra salida, sino, promulgar la norma tal cual ha sido remitida por el Congreso y trabajar las acotaciones para no vulnerar los derechos de los peruanos”, sostuvo en RPP.

Por otro lado, el defensor del Pueblo dijo que el problema en el Perú no es el Ministerio Público en sí, sino el sistema de justicia en general.

Lo que debemos aceptar es que en el Perú lo que ha fracasado no es el Ministerio Público, es el sistema de justicia con la Procuraduría, el Poder Judicial y los otros actores”, añadió.

Defensor del Pueblo minimizó llamadas de Eduardo Arana con figuras vinculadas a “Cuellos Blancos”

Josué Gutiérrez, defensor del Pueblo, se refirió sobre las investigaciones contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, en marco al caso el ‘Cofre’ y el presunto abandono de su cargo.

En conversación con Canal N, Gutiérrez resaltó la importancia de la independencia del Ministerio Público en dichas investigaciones.

Asimismo, Gutiérrez indicó que la Fiscalía no debe denotar una persecución o una actitud distinta contra Boluarte Zegarra.

Hay que dejar que el Ministerio Público cumpla su trabajo de investigar y perseguir el delito. Estas acciones se manejen en el ámbito de lo estrictamente técnico y que no se denote una persecución o una actitud diferente, así que somos muy respetuoso de la instancia y que el Ministerio Público continúe con su trabajo”, manifestó.

Respecto al informe de Cuarto Poder sobre las cuestionadas llamadas del ministro de Justicia, Eduardo Arana, con figuras relacionadas a los ‘Cuellos Blancos’. Según el defensor del Pueblo, eso no implicaría ninguna complicidad o delito.

No se puede penalizar o imputar algún hecho ilícito en una reunión o en un relacionamiento de personas que pudieran ser públicas o privadas. En su vida privada cada quien se reúne con quien quiera, se comunica con quien quiera”, sostuvo.

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