El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, expresó su desacuerdo con el proyecto legislativo que plantea imponer hasta diez años de prisión a quienes participen en manifestaciones portando el rostro cubierto.
En declaraciones a Canal N, señaló que penalizar esta acción de manera autónoma afectaría derechos fundamentales y contravendría el principio de legalidad.
Gutiérrez precisó que cubrirse el rostro no constituye delito por sí mismo y afirmó: “Ponerse una capucha, una chalina o cualquier prenda no puede ser penalizado mientras no se acompañe de un acto violento. No hay que ser efectistas con la medida”.
El defensor remarcó que centrar la sanción en la apariencia podría generar arbitrariedades y desviar la atención de los actos realmente dañinos. Durante una visita a la central de vigilancia de la Municipalidad de Lima, destacó que el patrullaje aéreo y el uso de cámaras permiten identificar comportamientos violentos sin criminalizar la protesta pacífica.
Gutiérrez señaló que la protesta es un derecho que debe ser protegido en democracia.
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