Pese a la crisis de inseguridad que atraviesa el país, se conoció en las últimas horas que Dina Boluarte tendría intenciones de duplicarse el sueldo luego de un informe de la PCM dirigido al Ministerio de Economía y Finanzas.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, se pronunció al respecto y consideró que existen temas que necesitan mayor atención del Ejecutivo.
“Es improbable, no podría darse habida cuenta de que hoy existen otras prioridades más importantes. Las cosas más urgentes son la protección de la niñez, a la ciudadanía y sobre todo la seguridad ciudadana. No hablar de temas de sueldos”, declaró.
Asimismo, Gutiérrez realizó un pedido a la presidenta y todos sus ministro a ser más empáticos con la población, pues un aumento de sueldo agravaría el ambiente que atraviesa el Perú.
“Sería un despropósito y no creo que estemos en un escenario adecuado. Yo le pediría a la presidenta de la República, al presidente del Consejo de Ministros y a todos sus ministros, que tengan más tino y empatía con la población que no está para discutir esos temas, por lo menos ahora no”, agregó.
Dina Boluarte busca duplicarse el sueldo: MEF propone que salario de la presidenta incremente a casi S/36 mil
El Ministerio de Economía y Finanzas elaboró un informe técnico que propone el incremento significativo en la remuneración mensual de Dina Boluarte. Dicho documento establece que su sueldo pasaría de S/16,000 a S/35,568 mensuales, lo cual representa un aumento del 125%.
Este informe, con fecha del 28 de abril de 2025, fue elaborado a solicitud de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, fue remitido a dicha instancia para su evaluación y aprobación final.
Según el informe del MEF, la propuesta se fundamenta en lineamientos técnicos y recomendaciones internacionales. Uno de los argumentos principales proviene del Fondo Monetario Internacional que sugiera que las remuneraciones del sector público tienen que corresponder al valor del trabajo invertido.
“El diseño de políticas remunerativas debe apoyarse en estudios técnicos que evalúen el valor de mercado de las competencias requeridas, garantizando así una gestión pública profesional, eficiente y orientada a resultados”, se lee en el documento.
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