En su informe mensual (Reporte N° 254), la Defensoría del Pueblo registró cuatro nuevos conflictos sociales durante abril de 2025 en las regiones de Áncash, Cajamarca, Lima Metropolitana y Madre de Dios.

A nivel nacional, el organismo reportó un total de 197 conflictos acumulados, de los cuales 143 se mantienen activos y 54 en estado latente.

Nuevos casos registrados

En Áncash, la comunidad campesina de Santa Cruz de Pichiu (provincia de Huari) presentó reclamos por presuntos incumplimientos de compromisos por parte de la empresa minera Antamina.

En Cajamarca, la Federación de Rondas Campesinas de Cutervo exigió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el avance en obras viales, específicamente en las rutas Cochabamba-Cutervo-Chiple y Cutervo-Sócota-Cuyca.

En Madre de Dios, pobladores del sector Bajo Madre de Dios (provincia de Tambopata) manifestaron su oposición a un componente del proyecto de mejoramiento del sistema de alcantarillado de Puerto Maldonado.

Mientras tanto, en Lima Metropolitana, estudiantes de la Universidad Nacional Agraria La Molina realizaron protestas para demandar mejoras en infraestructura académica, servicios del comedor universitario y seguridad dentro del campus.

Loreto continúa siendo la región con el mayor número de conflictos (29), seguida por Puno (18) y Cusco (17). Según el reporte, los conflictos socioambientales representan el 50.3% del total, siendo los vinculados a la minería el 31%. Otros tipos incluyen disputas relacionadas con el gobierno nacional (13.7%), asuntos comunales (11.2%) y gestiones regionales (8.6%).

Del total de conflictos activos, 87 (60.8%) se encuentran en procesos de diálogo, incluyendo 58 casos socioambientales. Durante abril, se registraron 256 acciones colectivas de protesta, mientras que la Defensoría del Pueblo realizó 217 intervenciones, principalmente en labores de supervisión (179) y mediación (34).

Como parte de su labor preventiva, la institución emitió 15 alertas tempranas dirigidas a entidades públicas y privadas. Además, destacó su intervención en Loreto, donde se logró levantar un bloqueo en la carretera Saramiriza-Bagua y retomar el diálogo entre las partes involucradas.

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