:quality(75)/author-service-images-prod-us-east-1.publishing.aws.arc.pub/elcomercio/98448bc7-d1ed-47a1-909e-fbdec178cdcd.jpg "Foto de Redacción Diario Correo")
La Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley n.° 32330, norma que permite que adolescentes de 16 y 17 años sean juzgados como adultos bajo el sistema penal ordinario.
Junto a la demanda, la Defensoría ha solicitado una medida cautelar excepcional para que se suspendan los efectos de la ley de forma inmediata. Advierte que su aplicación “implicaría una afectación directa e irreparable a los derechos fundamentales de los adolescentes”, por lo que urge detenerla mientras se resuelve el fondo del proceso constitucional.
En su argumentación jurídica, la institución afirma que la Ley n.° 32330 contradice tratados internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. También invoca la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que otorga primacía a estos tratados frente a cualquier ley nacional que los contradiga.
La Defensoría del Pueblo sostiene que esta norma va en contra de los estándares internacionales en justicia juvenil y representa una amenaza a los avances logrados en materia de protección de la infancia y adolescencia.
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