La Defensoría del Pueblo respaldó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que dejó sin efecto la prolongación de la prisión preventiva de la expremier Betssy Chávez.
Según la institución, la sentencia protege el derecho a la libertad frente a detenciones arbitrarias y reafirma el rol del hábeas corpus como un instrumento esencial en la defensa de los derechos fundamentales.
El TC determinó que la extensión de la medida contra Chávez, sustentada en “cuestiones logísticas”, era inválida. Para la Defensoría, este precedente reafirma que ninguna persona puede ser privada de su libertad más allá de los plazos establecidos en la ley, lo que fortalece la garantía constitucional del hábeas corpus.
La institución recordó que en informes publicados en 2024 ya había advertido sobre casos de ciudadanos detenidos sin orden judicial vigente y recluidos en carceletas de la DIVIAC y la DIRINCRI en condiciones precarias.
En esa línea, cuestionó que el Poder Judicial, en numerosas ocasiones, apruebe de manera automática las solicitudes del Ministerio Público sin un examen profundo, lo que ocasiona limitaciones indebidas a la libertad personal.
Asimismo, expresó preocupación por el uso reiterado de la prisión preventiva como herramienta procesal. Señaló que esta medida debe aplicarse únicamente como última ratio y no convertirse en una práctica automática que afecte la dignidad de los investigados.
Frente a este panorama, la Defensoría instó al Congreso de la República a discutir una norma que establezca sanciones más allá del ámbito administrativo para jueces y fiscales que vulneren derechos fundamentales.
Además, insistió en que toda resolución judicial debe estar debidamente motivada y ajustarse a los principios del Estado constitucional de derecho.
La entidad también destacó que presentó un Amicus Curiae en el caso de Chávez, en el que sustentó la necesidad de limitar la prisión preventiva y reforzar la obligación de motivar las decisiones judiciales.
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