La fiscal suprema suspendida, Delia Espinoza, afirmó que la propuesta de su inhabilitación es consecuencia de una persecución política motivada por su labor como magistrada.
En diálogo con la prensa, Espinoza aseguró que no tuvo participación en la elaboración ni en la aprobación del reglamento que se le imputa como falta, y advirtió que emprenderá acciones legales en caso de que se concrete la sanción.
Espinoza sostuvo que su situación constituye una represalia por haber investigado al poder político y denunció la existencia de un “doble estándar” en la aplicación de sanciones a fiscales supremos. Mientras su expediente sigue el trámite hacia la inhabilitación, otros tres fueron archivados por el Congreso.
La fiscal señaló que la denuncia constitucional en su contra se fundamenta en la supuesta aprobación de un reglamento del Ministerio Público, pero aclaró que dicho documento fue elaborado y aprobado por el exfiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y que ella no participó en ese proceso.
Aunque el documento está firmado por Villena, varios congresistas sostienen que Espinoza era considerada, en ese momento, la fiscal de la Nación de facto, lo que, según ellos, justificaría su responsabilidad en el acto administrativo.
Delia Espinoza también señaló que ciertos legisladores buscan añadir acusaciones que no estaban contempladas inicialmente, lo que, según afirmó, atentaría contra el debido proceso y revelaría una intención de represalia institucional.
La suspendida fiscal sostuvo que, de concretarse su inhabilitación, presentará una acción de amparo a nivel nacional y, si fuera necesario, acudirá a tribunales internacionales para proteger sus derechos.
“No se puede sancionar a alguien por un hecho no cometido”, indicó.
Agregó que las acciones legales no buscan una revancha personal, sino sentar un precedente sobre la defensa de los derechos fundamentales frente a posibles abusos de autoridad.
