La Junta Nacional de Justicia requirió ayer a la aún fiscal de la Nación a que cumpla la resolución que restituye como titular del Ministerio Público a Benavides o, de lo contrario, solicitaría a la “fuerza pública” apoyo para ejecutar tal disposición.
La Junta Nacional de Justicia requirió ayer a la aún fiscal de la Nación a que cumpla la resolución que restituye como titular del Ministerio Público a Benavides o, de lo contrario, solicitaría a la “fuerza pública” apoyo para ejecutar tal disposición.

En medio de la disputa por el liderazgo de la Fiscalía de la Nación entre Delia Espinoza y Patricia Benavides, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) envió un oficio en el que ordena reponer a esta última como titular del Ministerio Público, “bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”.

Luego de todo un día de debate público sobre el tema y múltiples oficios, por la noche Delia Espinoza ofreció un pronunciamiento, en el cuestionó que la JNJ la conmine a dejar el cargo.

La todavía titular del Ministerio Público insistió en su postura de que recibió una notificación incompleta de la JNJ –exige un acta con las firmas de todos los miembros de su pleno–, que tal decisión no tiene sustento jurídico y que el no aceptarla no es desacato.

Añadió que al solicitar incorporarse a la demanda de amparo que presentó contra la resolución de la JNJ, Benavides “está reconociendo que es una causa litigiosa que debe resolver el PJ”.

Asimismo, demandó “a todas las instituciones y autoridades no intervenir” en el caso. “La única vía de solución posible (de solución) será respetando el ordenamiento jurídico y el Estado constitucional y de derecho vigente”, concluyó.

Por la noche, la Junta Nacional de Justicia envió un comunicado en el cual invitó tanto a Patricia Benavides como a Delia Espinoza a una reunión de dialogo.

Hasta el cierre de esta edición, solo el entorno de Benavides respondió positivamente a la convocatoria.

VERSUS

El 16 de junio, cabe recordar, Patricia Benavides le cursó un escrito a la JNJ para informarle que desde la Fiscalía de la Nación no se quería acatar la resolución N° 231-2025-JNJ que ordenaba reponerla en el cargo.

La mañana de ayer, la JNJ respondió con un oficio en el que requería que la fiscal suprema Delia Espinoza, “en el día, cumpla con lo dispuesto” en la mencionada resolución.

“Esto es, que se reponga a Liz Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal de la Nación, bajo apercibimiento de solicitar la fuerza pública en caso de incumplimiento”, reza el documento.

El escrito fue firmado por Magnolia Martínez Hidalgo, directora de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ.

Por su parte, el Ministerio Público informó en sus redes sociales que, por tercera vez, reiteraron su pedido para que la JNJ les envíe la resolución que ordena la reposición de Benavides, además del acta en la que conste la decisión que tomó el colegiado.

“Hasta la fecha, esta solicitud no ha sido respondida ni atendida. El Ministerio Público reafirma su compromiso con el Estado de derecho y la democracia”, señaló la Fiscalía en X (Twitter).

Más tarde, la Junta de Fiscales Supremos, con la incorporación de Tomás Gálvez Villegas (ver ángulo) sesionó de manera extraordinaria para tratar, entre diferentes puntos, la situación de Benavides.

Durante la sesión se acordó, por unanimidad, enviar un oficio a la JNJ para que emita un pronunciamiento sobre el “efecto” de la resolución que ordena reponer a Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación.

Además, ratificó la elección de Delia Espinoza como máxima representante del Ministerio Público.

“La Junta de Fiscales Supremos y de conformidad con el artículo 158 de la Constitución, se eligió válidamente y de buena fe como fiscal de la Nación a la señor Delia Espinoza Valenzuela para el periodo 2024-2027”, se lee en el documento.

El acta de la sesión lleva la firma de los miembros de la Junta de Fiscales Supremos.

Por otro lado, la JNJ también le envió un oficios al Congreso de la República y a la Presidencia del Consejo de Ministros, con el fin de informales sobre la resolución del 12 de junio que ordenó la reposición de Benavides como fiscal de la Nación.

En los documentos, Jorge Matienzo, secretario general de la JNJ, precisa que la resolución enviadas a las instituciones “es para los fines correspondientes”.

PARTE. Por otro lado, todo indica que el Ejecutivo tomó postura sobre a quien tiene la autoridad en la Fiscalía de la Nación.

Ayer se tenía previsto realizar una sesión extraordinaria del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia que está integrada, entre varios organismos, por la Fiscalía. Sin embargo, el gobierno de Dina Boluarte envió un oficio en el que anunció la suspensión de la reunión por “razones de fuerza mayor”.

En el papel, el ministro de Justicia, Juan Alcántara, se dirige a Espinoza como “fiscal suprema”.

La descripción del documento llama la atención debido a que en un primer oficio de citación, enviado el 19 de junio, el ministro Alcántara sí se refirió a Espinoza como fiscal de la Nación.

A esto se la suma que en el documento del Ministerio del Interior con la lista de representantes que participarían de la reunión, el cargo de fiscal de la Nación no tiene un nombre, a diferencia de los demás.

Para Víctor Cubas, vocero del Ministerio Público, lo ocurrido demuestra una interferencia y una “clara injerencia” del Poder Ejecutivo.

“Primero, porque el ministro del Interior ha dispuesto que la Policía Nacional le dé resguardo a una persona que aún no toma posesión del cargo y segundo porque el ministro del Interior solicitó que asista al Consejo de Seguridad Ciudadana, pero ya no como fiscal de la Nación, sino como fiscal suprema. Quiere decir que él ya desconoció de hecho la autoridad de la fiscal de la Nación”, reclamó.

En diálogo con Canal N, Cubas Villanueva consideró que los titulares de Justicia e Interior interfieren en el caso.

“Esto es un grave atentado contra la autonomía del Ministerio Público y contra la institucionalidad democrática”, apuntó.

POSTURAS. Para el abogado Carlos Caro, cuando existe una resolución, esta debe ejecutarse, pues escudarse en que no se envió la decisión con las seis firmas de los magistrados, es un argumento menor y no paraliza la ejecución de la orden.