Tras la aprobación del informe final que propone su inhabilitación, la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que la decisión de la Comisión Permanente responde a una “dictadura parlamentaria”.
“Acabo de tomar conocimiento del quiebre del Estado Constitucional cometido en el Congreso. Realmente es una ilegalidad, una inconstitucionalidad. Un atropello más evidente no puede ser. Miren la manera cómo han votado”, expresó desde el juzgado del Poder Judicial.
“En un caso en el que yo no he tenido ninguna participación. Todo está en los documentos que se han hecho entrega a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es un reglamento que no ha sido elaborado en la Junta de Fiscales Supremos”, añadió.
Además, Espinoza adelantó que solicitará una reunión con el juez Juan Torres Tasso con el objetivo de lograr su restitución como fiscal de la Nación en el menor tiempo posible.
“De aquí viene, ya que me van a citar al Pleno del Congreso y ahí me van a escuchar. Y si ellos quieren seguir vulnerando el Estado de Derecho, desde ahorita ya estamos en dictadura. Dictadura parlamentaria. Porque allí hay varios que son abogados y tienen asesores, saben lo que es el derecho, saben quién participa y quién no. Justo voy a subir ya”, manifestó.
Comisión Permanente del Congreso aprobó inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza
La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, la inhabilitación de la suspendida fiscal Delia Espinoza para ejercer cargos públicos durante diez años.
La sanción, atribuida a una presunta infracción constitucional, tendrá que ser ratificada por el pleno del Congreso.
La Comisión Permanente también aprobó acusar a Espinoza por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica, con 15 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones.
Como sanción, se propone levantar el fuero para que el fiscal de la Nación presente “la denuncia ante la Corte Suprema en un plazo de cinco días”.
Dicho informe también contemplaba la inhabilitación de los fiscales supremos Juan Pablo Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos; sin embargo, debido a que las abstenciones superaron los votos a favor y en contra, no se tomó ninguna decisión y los casos quedaron pendientes.
Fue similar el resultado, en el extremo de la acusación contra Sánchez, Ávalos y Villena, por presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La acusación constitucional se basa en que habría emitido un reglamento que permite al Ministerio Público continuar con investigaciones preliminares, a pesar de la ley aprobada por el Congreso que otorga esa facultad a la Policía.
Según el informe final, se les acusa por presunta infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 y 166 de la Constitución.
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