La flamante fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ya acumula cuatro denuncias constitucionales en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
Un ministro y congresistas de diferentes bancadas piden la inhabilitación por 10 años de la máxima representante del Ministerio Público (MP) por diferentes motivos.
DETALLES
La bancada de Renovación Popular (RP) presentó una denuncia contra Espinoza por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico y encubrimiento personal, además, solicitan su inhabilitación en el ejercicio del cargo público por 10 años.
El grupo celeste señala que en 2018, cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación, llamó a un fiscal que se encontraba realizando un procedimiento de exhibición e incautación en el local de IDL-Reporteros para pedirle que suspenda de manera inmediata la diligencia.
Por este hecho, la Fiscalía le inició una pesquisa al fiscal Sánchez en el año 2023.
De acuerdo con la denuncia de RP, cuando Delia Espinoza era fiscal suprema le habría ofrecido a Sánchez Velarde archivar su investigación a cambio de que emita su voto a favor para que sea elegida como fiscal de la Nación.
Espinoza ganó el proceso y también se archivó la denuncia contra Sánchez.
Pero esta no es la primera denuncia contra Espinoza en estos días.
Los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) también denunciaron a Espinoza por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.
La denuncia alcanza a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.
El motivo: La Fiscalía no acata la ley que aprobó el Parlamento, norma que dio a la Policía la dirección de la investigación preliminar de los delitos.
DOS MÁS
Cabe precisar que Espinoza ya tiene una denuncia de la congresista Kira Alcarraz (Podemos), quien la acusa de abuso de autoridad por denunciar a 11 parlamentarios por el delito de negociación incompatible.
La fiscal de la Nación denunció a los legisladores por votar a favor de un dictamen que eliminaba el tope salarial legalmente establecido (S/ 15.600) y beneficiaba directamente a pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, incluidos ellos mismos que estaban desempeñando cargos de elección popular.
Por otro lado, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció a Espinoza por presuntamente filtrar información de su caso a la prensa.
Además, el titular del Interior interpuso una denuncia contra Espinoza ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Sobre las denuncias en su contra, Espinoza respondió: “Lo que sí me preocupa es que se impongan los votos y no la razón del derecho, porque si me van a acusar y me quieren inhabilitar, así como yo sustenté una denuncia constitucional motivada, ellos tienen que hacer lo propio”.
