El Poder Judicial evalúa un pedido para levantar el secreto médico de la presidenta Dina Boluarte, como parte de una investigación fiscal por presunta omisión de funciones relacionada con cirugías estéticas que habría realizado en junio de 2023.
La ex procuradora anticorrupción Delia Muñoz explicó, en Canal N, que este derecho está protegido por la Constitución y solo puede exceptuarse por decisión de la titular o por orden judicial debidamente fundamentada.
En declaraciones a Canal N, Muñoz señaló que, aunque el secreto médico es un derecho fundamental, un juez puede autorizar su levantamiento si existe una investigación penal que lo justifique.
En este caso, el magistrado Juan Carlos Checkley deberá determinar si la información médica solicitada por la Fiscalía resulta pertinente para las indagaciones.
Discrepancias en las declaraciones
El caso generó atención debido a que, en diciembre de 2023, la presidenta Boluarte manifestó públicamente su disposición a levantar su reserva médica, indicando que su intervención respondía a razones de salud.
Sin embargo, posteriormente, en sede judicial, su defensa legal solicitó mantener la confidencialidad, lo que ha sido observado por algunos sectores.
Un documento clave es un informe médico de la clínica donde se habrían realizado los procedimientos, el cual fue presentado a la Fiscalía por el cirujano Mario Cabani.
Este reporte, protegido por el secreto profesional, no formaría parte de la historia clínica en poder de la mandataria.
Uno de los puntos bajo análisis es si la presidenta incurrió en omisión de funciones al someterse a un procedimiento con anestesia general sin notificar al Congreso, lo que pudo afectar temporalmente su capacidad para ejercer el cargo.
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